El viernes primero de noviembre de 2024, en El Diario de Chihuahua, con el artículo titulado “La Constitución somos nosotros: jueces, magistrados y ministros”, escribí unas líneas, que retratan el autoritarismo que se vive en el poder judicial, al sentirse dueños de un poder judicial bajo la excusa de la “autonomía e independencia judicial”, en el marco de la oposición a la reforma judicial, donde dije:
“Al estilo de Luis XIV, Rey de Francia (a quien se le atribuye la frase de “El Estado soy yo” hace más de 350 años), nos están diciendo a todos los mexicanos “La Constitución somos nosotros”, poniéndose por encima de lo que decida el pueblo mexicano representado en el Congreso Federal y la mayoría de los congresos estatales.”
Hoy, iniciando abril, y en curso las campañas, tanto del ámbito federal como el local (en el Estado de Chihuahua donde se renovarán a la totalidad de jueces y magistrados), puedo afirmar que la reforma al poder judicial federal es lo que se necesitaba, y era la única manera de ponerle fin al autoritarismo, la casta y monarquía judicial (aunque hay cosas que podemos mejorarle).
Así, la mayoría de los altos puestos eran heredados o cedidos por relaciones familiares, de amistad o cercanía con la élite del poder judicial o político, y donde sólo se accedía a los cargos de jueces, magistraturas y ministraturas, siendo cercano o familiar de un distinguido miembro de esa “familia judicial” (si permitían que recomendados llegaran a ser oficiales, actuarios o secretarios pero hasta ahí), donde Chihuahua no era la excepción pues recordemos que aquí se entregaban los puestos a jueces y magistrados a recomendados políticos o políticos.
El poder judicial funcionaba, en todo el país, como una especie de monarquía, donde sólo podían ser jueces, magistrados y ministros, si eras familiar directo de quienes eran jueces, magistrados y ministros, o ahijado político de ellos. Una monarquía con los lujos propios de los reyes y príncipes, justificándose bajo la “independencia judicial”, pues en su absurda justificación de los altos sueldos, prestaciones y lujos millonarios, así tenía que ser por el tipo de “función tan delicada e importante que desempeñan”, para evitar ser tentados por la corrupción, como si la honestidad fuera un tema de bajos salarios o ingresos que motivan a ser corrupta a una persona.
Es por esto que, en su protesta y paro injustificado por varias semanas, no fueron apoyados por la sociedad mexicana, porque sus argumentos eran absurdos, insostenibles y alejados de la realidad social. Tratando de justificar el nepotismo que aceptaron abiertamente, sus razonamientos fueron tan increíbles como cínicos (llegaron a decir que sacrificaban a sus familias por el trabajo y sólo sus propias familias que ahí trabajaban los comprendían), que terminaron siendo rechazados por la mayoría de las y los mexicanos, siendo apoyados únicamente por sus amigos, familiares y colaboradores cercanos (los trabajadores sindicalizados no los apoyaron).
De esta manera la reforma judicial avanzó y se legitimó ante las y los mexicanos, porque era evidente que teníamos (o tenemos, porque aún no dejan sus puestos), un aparato judicial autoritario y elitista, ajeno y alejado a la sociedad mexicana, donde los cargos de juzgadores no sólo se heredaban, además eran vitalicios, con ingresos fuera de toda proporción, con lujos como choferes, vehículos nuevos de alta gama, telefonía, gastos médicos mayores, dinero para comidas, gastos en viajes y otras tantas prestaciones, que sólo los altos ejecutivos de empresas grandes gozan.
Por eso, ante la oferta del partido político gobernante en turno de cambiar ese estado de cosas, como promesa de campaña, pegó y los tumbó y nos encontramos en este momento donde usted podrá elegir, con libertad, quién será su próximo juzgador o juzgadora, este primero de junio.
