-Educación Indígena en rojo... otra vez
-Sergio Salomón con puesto inexistente
-Con absurda resolución sale Trife
Calificativos cargados de machismo, misoginia, envidia y morbo son los que tapizaron las redes con la irrupción de la abogada, María de Lourdes Ríos Ramírez, por su atrevimiento de comenzar su campaña para jueza penal con una foto muy atractiva, diferente al formato acartonado del resto de los aspirantes.
De la imagen oficial de la candidata número 58 de la boleta de candidatas a juezas penales del Distrito Judicial Morelos -con la que incluso se registró en la plataforma Conóceles del Instituto Estatal Electoral, como puede verse en GPS edición digital- surgieron los stalkers por montones.
Como si no tuvieran algo mejor qué hacer, los acosadores de las redes se pusieron a revisar a fondo su Facebook e Instagram, para sacar sus mejores fotos en traje de baño, ropa de gimnasio, minifalda o vestidos de escotes pronunciados.
Algunos se atrevieron a publicar cosas tan falsas como que hacía campaña en tanga o que por ella sí votaban porque tenía mejores atributos que cualquier ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; entre otros candidatos y candidatas fue la comidilla por tan singular estrategia que demanda no sólo creatividad sino conocimiento del terreno que pisa, sensibilidad social e inteligencia.
Así ganó notoriedad nacional Lulú Ríos, a pesar de los memes, las burlas y los comentarios agresivos. Pese a todo, tuvo el mejor arranque de campaña en esta elección judicial de todo el país, si revisamos los likes y el engagement que logró en sus redes, aunque eso no signifique una garantía de votos.
Al respecto, algunas alumnas de la Facultad de Derecho de la UACH piden visibilizar el hecho de que nadie, absolutamente nadie, se puso a buscar su currículum ni a revisar su trayectoria como estudiante y litigante, para valorar si tiene la capacidad de ser jueza de lo penal, más allá de cómo le gusta vestirse.
Nadie fue para preguntar sobre su arduo trabajo entre su titulación en 2018 y 2020, en el Proyecto Inocente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por el cual logró, directamente, la liberación de una persona recluida de forma injusta en el Cereso de Aquiles Serdán, además de que apoyó en la revisión de otros tantos expedientes similares.
Así, su inteligente estrategia de posicionamiento inicial evidenció el retraso evolutivo de muchos de los que van a la contienda o están interesados en la misma, sin más armas que un supuesto conocimiento profundo de las leyes, pero con una tendencia a prejuzgar que daría miedo tenerlos de jueces o juezas.
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Otra vez han surgido en redes quejas contra el jefe de Educación Indígena de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Marco Antonio Parra, por casos, de discriminación, racismo, violencia de género y hostigamiento laboral.
Además de graves omisiones en la atención de denuncias de acoso sexual en Turuachi, Guadalupe y Calvo, y Tomochi en Guerrero, sobre las que Parra optó por proteger al agresor y taparse los ojos, hoy aparecen de nuevo reclamos sin atender que han generado un hervidero entre los maestros de este sector.
Según las denuncias, de las que ahora mandan también copia a GPS, la jefa de sector de Creel, municipio de Bocoyna, Noelia Portillo, tiene a toda la parentela en la nómina Educación Indígena, sin ser indígenas, y por si fuera poco ha sido denunciada ante el Departamento Jurídico SEECH), por hostigamiento laboral en contra de maestros que sí son hablantes indígenas.
Ante esto, Parra González no ha servido más que de tapadera para defender a varios de los funcionarios no indígenas del departamento a su cargo; para colmo, la tan prestigiada Universidad Pedagógica Nacional (UPN) le renovó su contrato como asesor académico de futuros maestros de Creel, con todo y sus malos antecedentes.
El trío que Parra ha formado con su jefe, el exalcalde panista de Madera, Jaime Torres Amaya, ahora director de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales, y la maestra Portillo de Creel, se ha dedicado a hacer un batidero del sector educativo indígena.
Pese a todo ese contexto de agresiones a los indígenas que colaboran en el sistema educativo, tanto la directora de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez y el secretario de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eduardo Zendejas, han optado por taparse los oídos y hacerse de la vista gorda. Vaya, ni por la exhibida que les dieron en la marcha del 8M han tomado alguna acción para atender los problemas.
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No tiene para cuando irse el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien con todas las uñas está sujeto a la silla del puesto en que ha sido irresponsable a grado tal que ocurrió en su gestión una de las peores desgracias con migrantes, el 27M, que dejó 40 personas en movilidad muertas por asfixia en un centro de detención en la frontera juarense.
Está firme el comisionado, como lo demuestra su presencia en la reunión presidencial con la comitiva de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien cerró en México una gira de trabajo la semana pasada.
Tan está sólido el comisionado, que, durante la reunión, de la cual hay fotos en la misma página web de Presidencia de la República, fue presentado como cabeza de la institución, por encima de Sergio Salomón Céspedes, anunciado desde hace meses por Claudia Sheinbaum, y quien nada más no termina de llegar.
Fue presentado el exgobernador Salomón Céspedes, como director general del Instituto Nacional de Migración, un puesto inexistente en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, cuya última modificación es del 21 de marzo pasado.
Hay una dirección general de Regulación y Archivo Migratorio, de Control y Verificación, de Protección al Migrante, de Tecnologías, de Administración, de Coordinación de Oficinas, de Centro de Evaluación, pero no hay en dicho reglamento puesto alguno con la denominación de Dirección General.
Checamos también la página de transparencia, específicamente el directorio, y tampoco aparece el nombre del exgobernador Salomón ni el puesto referido en el comunicado de prensa presidencial, por lo que sigue siendo dicho funcionario un fantasma más dentro del organigrama federal, patiño auténtico de Garduño.
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A ver cómo hace el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) para resolver en términos de paridad de género y número de candidaturas por Poder y por puesto, que deben ser seis, con la orden terminante enviada desde Sala Superior del Trife.
Deberá incluir con fórceps a 94 candidaturas en las boletas de magistrados al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Disciplina, conforme la resolución de ayer.
Deberá hacerlo además en tiempo récord, porque la impresión de dicha documentación electoral inicia mañana en los talleres gráficos de la nación.
Fue impuesta la visión de la presidenta Mónica Soto junto con los magistrados pintados de guinda, Felipe de la Mata y Felipe Puentes, de echar atrás la determinación legislativa de omitir el envío de aspirantes a magistraturas, con una decisión igual de apresurada e inexplicable.
Proponía Reyes Rodríguez Mondragón, que, con la misma celeridad de 24 horas, fuera depurada la lista de los 94, conforme las disposiciones establecidas en la constitución chihuahuense, que prevé incluso la insaculación.
Luego, que el IEE, una vez determinadas las seis propuestas por cargo, acomodar dichos aspirantes en las boletas.
Rechazada la postura del magistrado Rodríguez Mondragón, tiene encima los tiempos el IEE para cumplir en sus términos con la sentencia, adoptada con una venda en los ojos, y sin la más mínima técnica jurídica y procedimental.
Sólo buscó el Trife subsanar la omisión del poder legislativo de Chihuahua, sin hacer una revisión integral de la normativa, en decisión igualmente caprichosa, que tendrá que cumplirse en tiempo récord el día de hoy.
No le deja otra solución el Trife que amontonar hasta que quepan los candidatos a magistraturas en las boletas, que quedaran para la historia.
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Hoy el alcalde Marco Bonilla presidirá la XXXIX Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, que se celebrará en la Ciudad de México.
Están invitados a ese evento alcaldes y diputados de todo el país y de todos los sabores y colores, con la finalidad de crear una política unificada en la protección de niñas, niños y adolescentes.
Al alcalde Bonilla le tocará exponer el programa “la calle no es su lugar” que aplica el DIF Municipal y también la polémica restricción de la interpretación de narcocorridos en conciertos y lugares públicos, que por cierto la misma presidenta de México, analiza aplicarla en todo el país.
Esa restricción ya está siendo analizada por el estado de Jalisco, para empezarla a aplicar en conciertos y presentaciones, luego de una polémica presentación en el Auditorio Telmex, donde se proyectaron en las pantallas imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
