-Persiste apropiación cultural de lo rarámuri
-El daño corralista en el hospital de Ginecobstetricia
-Trae Bonilla con chicote a Obras Públicas

A Enrique Arballo Talamantes, alias “Junior” entre la Gente Nueva de la capital de hace poco más de 10 años, lo hundieron los celos cuando estaba en la plenitud y todavía en ascenso su carrera criminal, a pesar de que desde entonces lo buscaba la Agencia Antidrogas de EU (DEA).
A finales de 2014, Arballo era de los considerados dueños de la plaza para el Cártel de Sinaloa, con toda la protección de algunos mandos de varias corporaciones policiacas. El entonces fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás, que en paz descanse, tuvo algunos dolores de cabeza por su causa.
El jefe de la seguridad estatal de aquel tiempo, cuando había mando único en el fiscal y no dos cabezas en el ramo, aprovechó la vulnerabilidad del capo cuando fue reportado un ataque a balazos en el exterior de un hotel del periférico De la Juventud.
“Junior”, cegado por las pasiones, fue al lugar a matar a Ramón Leobardo Olivas, con quien había comenzado a salir su exnovia. Tanto él como la pareja y el tercero en discordia ya rozaban los años 30 años, pero no habían superado las relaciones tóxicas, cuando todavía ni siquiera era acuñado el término.
Arballo, apoyado por su madre, su hermano y su cuñada, no se conformó con ejecutar a su rival de amores, sino que secuestró a la mujer y la mantuvo en cautiverio, lo que debió involucrar a varias unidades de la Fiscalía del Estado, más allá de las que presuntamente le daban protección. Esa fue su mayor vulnerabilidad.
El Ministerio Público no se fue por la portación de armas de fuego ni por los delitos federales de los que era acusado públicamente como líder criminal, aunque jurídicamente no tuviera carpeta de investigación alguna.
En vez de eso, la Fiscalía le probó el homicidio por celos, además de otras dos ejecuciones de la colonia Mármol, en las que pudo relacionar armas en poder de “Junior”. Fueron suficientes causas para garantizarle más de medio siglo en prisión con la acumulación de penas, mientras que el plagio quedó en el limbo por las complicaciones de la relación que sostenía con la víctima.
Pues bien, “Junior” fue parte del segundo combo de desterrados mexicanos (no extraditados, porque no hubo resolución formal del juicio correspondiente) enviados por la administración de Claudia Sheinbaum a la justicia de EU. Extrañamente, a pesar de ser uno de los 30 más buscados por la DEA, nunca había sido resuelto el procedimiento para ser consignado por tráfico de cocaína.
No era un pez gordo vigente, hasta donde sabemos, sino parte del relleno que adornó los dos paquetes de destierros con los que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, madrugó a los tribunales y a los abogados de los capos que por décadas habían logrado evadir la extradición.
Lo interesante, más que la historieta de la vida criminal de “Junior”, es que el caso ilustra el verdadero nivel de la colaboración institucional de las instancias de seguridad de México y EU desde hace décadas.
La coordinación muy simulada había salvado al chihuahuense y a medio centenar más de enfrentar a la justicia norteamericana, hasta hoy que Sheinbaum y Harfuch, sin aceptarlo ni decirlo abiertamente, hacen lo que sea con tal de agradar a la administración de Trump.

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En vez de fomentar la inclusión de las personas indígenas de Chihuahua en la administración pública, tal parece que es más fácil y conveniente que los funcionarios recurran a la apropiación cultural, con afanes publicitarios, cuando se trata de realizar actividades relacionadas con pueblos originarios.
Ayer, la burocracia de Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua (Fodarch), instancia de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, salió a rueda de prensa para anunciar el tradicional concurso de Arte Popular de la Sierra Tarahumara, que habrá de realizarse la siguiente semana en Guachochi.
Encabezaron la presentación la directora del Fodarch, Liliana Terrazas Estrada y el jefe del Departamento de Desarrollo Artesanal, Gabriel Ornelas, haciéndole un huequito para la foto a Eva Batista, rarámuri ganadora del certamen el año pasado.
La señora Batista apareció con su vestimenta tarahumara tradicional, mientras que la funcionaria blanca y privilegiada también usó un colorido diseño rarámuri, una práctica extendida en la burocracia tanto por ignorancia como por total falta de respeto a las comunidades indígenas.
La apropiación cultural es, específicamente, el uso sin reconocimiento ni consentimiento de elementos como la vestimenta, música, arte, símbolos, rituales o tradiciones, por parte de otra cultura, sobre todo cuando esa cultura adoptante (la chabochi, en este caso), es dominante, y la cultura de origen es marginada (la tarahumara).
La conducta de Terrazas Estrada no es un hecho aislado. En todos los niveles de gobierno, de todos los partidos, recurren a ello, intencional o no intencionalmente.
Tampoco es un detalle menor, desde cualquier punto de vista serio: implica pérdida de significado cultural; explotación económica; perpetuación de estereotipos racistas; devaluación o menosprecio de las tradiciones indígenas y una profunda injusticia epistémica porque se ignora o banaliza la sabiduría tradicional de los pueblos, reduciéndolos a producto de consumo.
¿Por qué no puede haber personas rarámuri en esos cargos y evitar esos osos de chabochis apropiados de su indumentaria? ¿Por qué en vez de perpetuar la marginación tarahumara no hay acciones, más que discursos y poses para la foto, que realmente combatan esa condición?

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Fue el sábado 23 de diciembre de 2019 cuando en gira por Parral, el entonces gobernador Javier Corral Jurado anunció una inversión de 230 millones de pesos para el hospital de Ginecobstetricia, con un alcance regional que beneficiaria incluso a mujeres pacientes del norte de Durango.
Según el comunicado oficial, el titular del Ejecutivo estatal afirmó que el proceso de licitación había concluido en tiempo y forma, con su respectivo fallo y firma del contrato, por lo cual iniciaría la construcción en breve.
De manera textual expresó Corral Jurado: “Fue un proceso de licitación muy importante, transparente, se adjudicó a una empresa que presentó las mejores condiciones, por supuesto estábamos buscando no solamente precio, sino el compromiso de calidad, porque se refiere a una obra de infraestructura de salud, la construcción de hospitales requiere de conocimiento técnico”.
Pues resulta que en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, señaló que por falta de cuidado de la constructora, se echaron a perder los elevadores.
Eso podría representar un daño patrimonial al que dé seguimiento el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y en una de esas hasta podría recaer en la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el discrecional Abelardo “El Bayo” Valenzuela.
Lo cierto es que el Hospital de la Mujer en Parral funcionaba a medias, hasta que en febrero de 2024, la gobernadora Maru Campos anunció una inversión de 420 millones para el área de Consulta Externa, con 12 consultorios, en beneficio de 68 mil personas de la región.
Debe aclararse que la comparecencia de Héctor Acosta fue para presentar los avances en la auditoría a la Cuenta Pública 2024, y ahí presumió, en buena lid, que se han recuperado más de mil millones de pesos por las observaciones realizadas en los últimos seis años.
El tema de Corral lo sacó a la mesa la diputada panista, Carla Rivas, sobre varias irregularidades del quinquenio pasado, aunque salió al quite la morenista Leticia Ortega con el argumento de que los señalamientos estaban fuera de lugar…Vaya paradoja!

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El alcalde Marco Bonilla trae con chicote al personal de Obras Públicas.
Para esta semana y la próxima anunciaron el cierre parcial y total de avenidas al norte y sur de la capital, por trabajos de recarpeteo y adecuaciones peatonales.
Ayer informaron que desde la mañana y pasada la tarde, andarán recarpeteando un tramo del periférico R. Almada, por donde a diario circulan vehículos y camiones pesados; al norte habrá adecuaciones peatonales en la avenida Tecnológico.
Bonilla obliga a todos a trabajar parejo en todas las zonas; también en el oriente, en las colonias Rinconada de Oriente y Punta Oriente, concluyeron obra de recarpeteo.

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No sólo el exgobernador, Javier Corral, pretendió acabar con El Diario, sino también uno de sus más fieles mercenarios en el mismo sentido, el ahora exgerente de El Heraldo, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y eterno candidato a la rectoría, Alfredo de la Torre Aranda. En algún momento recibió el auxilio para el mismo propósito de dos colegas apodados “Gruñón” y “Dormilón”, entregados en cuerpo y alma al corralato.
¡Quién lo diría! Sin más intervención que el karma, De la Torre fue alcanzado por auditores de Organización Editorial Mexicana (OEM) y tras los resultados le dieron las gracias presentadas como “renuncia”.
Así es la vida de caprichosa; no hay actos de mala fe que puntualmente no cobre.