-Va Morena por el voto verde con leyes de aguas

-En Chihuahua sigue debate por la Ley de Aguas

-Andrea se echa una tarántula en la espalda

Como si olfateara el aguinaldo y el alza en la derrama económica que trae el fin de año, la Policía Vial reactivó los retenes sorpresivos en avenidas principales, de día y de noche, de buenas a primeras y sin algún aviso oficial sobre la medida. Parece que los jefes no temen a las elecciones ya en puerta tanto para alcalde, como para diputados y hasta para la gubernatura.

No por nada es la repetida expresión de “traen hambre los perros” que escriben los usuarios de las páginas de Facebook dedicadas a alertar sobre esos cuestionables puntos de revisión, en los que no dejan de caer incautos, sea por manejar después de las posadas o por no traer sus documentos en regla.

Tenemos varias imágenes en la versión digital de GPS que comparte algún lector con quejas sobre lo que hay detrás de los retenes, que nomás la máscara de prevención y seguridad vial tienen, porque abiertamente algunos agentes hincan el diente a la primera oportunidad.

Con la licencia apenas vencida en esa misma semana por un descuido que a cualquier conductor le puede pasar (rara vez alguien se graba la fecha exacta en la que vence su documento oficial), a uno de los conductores le tocó un retén cerca de la vialidad Sacramento.

No fue una multa ni una llamada de atención lo que recibió, a pesar de conducir sin haber tomado alcohol y tener los demás documentos en regla, papeles, seguro de daños a terceros y comprobantes de sus contribuciones fiscales al corriente.

En vez de eso fue la amenaza velada, de inmediato, con la presión de que podrían retirarle el vehículo y el anzuelo lanzado sobre los muchos gastos que acarrea pagar la infracción y todos los arrimadijos. Pagar en caliente era la opción menos lesiva, en esa cadenita de la corrupción hormiga tan habitual cuando de agentes de seguridad se trata.

Por eso, no son gratis las expresiones que ponen en las publicaciones los afectados: “esos te dan cambio si no traes...”, “pilas, que aceptan transferencias!”, “andan sobre los aguinaldos”, “el hambre a todo lo que da...”, que serían graciosas si no escondieran esa nada grata realidad de las calles en la ciudad.

Suponemos que, en contraparte, esos retenes han de dar excelentes resultados en seguridad pública y prevención de accidentes, con los espantosos congestionamientos que se hacen hasta en el periférico De la Juventud y sus 14 kilómetros libres, así como la calidad superior de los semáforos en toda la capital. Sí, cómo no.

¿Y el jefe de Vialidad? Bien, gracias; despachando en el PAN.

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En la discusión sobre la nueva Ley General de Aguas (LGA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN) hay más propaganda política que argumentos técnicos, pero una idea que persiste entre los expertos es que pegarán a grandes cacicazgos del sector que todavía dominan lo que algunos llaman de forma genérica el voto verde.

En el análisis de quienes conocen las dinámicas mercantilistas del agua, no hay mucha alteración de los neoliberales elementos de mercado que dieron origen a la LAN durante el salinismo. Eso de atacar acaparadores, ordenar el uso del agua y acabar con el saqueo está más en los discursos que en el articulado de las normas.

Así que los mensajes políticos parecen tener la intencionalidad de separar a la gran cantidad de pequeños productores (80 por ciento) de las élites que manejan los agronegocios, con capacidad tal de controlar la producción agrícola y pecuaria, pero también la agroindustria que le inyecta valor y que pocas veces refleja sus ganancias en los campesinos y ganaderos del olvidado sector social.

No son gratis, dicen, los discursos y participaciones de los diputados federales morenistas o pro-4T, ni de los senadores Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, quienes, durante los debates no desaprovecharon para deslegitimar la intervención de panistas y priistas, ligados a las protestas en estados como Chihuahua y señalados como algunos de esos grandes cacicazgos que ven en peligro sus feudos con un nuevo marco jurídico del agua.

Es abierto el coqueteo de los morenistas con el voto verde, los campesinos y productores pecuarios de las unidades rurales o comunidades más pequeñas, en el intento de ganar la conversación que por unos años los trató de pintar como enemigos o traidores de Chihuahua.

Si no hay argumentación más sólida contra la normatividad, con señalamientos concretos y evidencia del problema social que el PRIAN dice que ocasiona, los morenistas acabarán por penetrar ese sector verde que les falta, el mismo que los priistas usan como moneda de cambio para venderse caro en sus alianzas con el PAN.

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La trepidante primera semana de diciembre, en que se paralizó medio país precisamente por el debate sobre la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales ha dejado secuelas en Chihuahua y tendrá nuevos cauces de lucha, ahora por la vía legal.

La mayoría del PRIAN en el Congreso del Estado ha anunciado que interpondrá una controversia constitucional con el argumento de que la nueva normatividad es violatoria de la autonomía municipal respecto a los servicios de agua potable, además de que se aprobó sin consultar a los pueblos indígenas.

Los 13 diputados del PAN y tres del PRI, votaron un punto de acuerdo propuesto a fin de exhortar a que los gobiernos municipales presenten una impugnación por ambos temas.

En ocasiones anteriores la Suprema Corte de Justicia ha resuelto a favor de los ayuntamientos respecto a su autonomía de proveer servicios públicos de agua potable.

En el caso de los pueblos indígenas, la Ley General de Aguas les impacta en sus sistemas comunitarios de abasto, regulados por el artículo 43 de la propia ley.

Será interesante cómo se mueven al respecto los alcaldes Marco Bonilla de Chihuahua, Miriam Soto de Meoqui, Jesús Valenciano de Delicias, Jorge Aldana de Camargo, solamente por citar a los del corredor centro-sur y donde la confrontación por el agua, en 2020, estuvo a su máximo nivel.

Y además porque desde un principio la gobernadora, Maru Campos, se opuso a la iniciativa.

Son indicios de que, por distintas vías, el asunto seguirá politizándose en Chihuahua. Es un círculo que por acá no ha cerrado; todavía corre agua bajo el puente.

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No dio la cara Javier Corral para fijar su postura sobre la nueva Ley del Agua porque le incomoda sobremanera el asunto.

Sin embargo, para curarse en salud, reposteó la intervención de la senadora Andrea Chávez donde “exhibe la doble cara y el medro político” del gobierno del Estado y de su mandataria, frente a una reforma que “pone fin al saqueo y acaparamiento del agua”.

Curioso que no haya posteado también a Juan Carlos Loera; finalmente fue su gallo en las elecciones locales de 2021, no obstante ser el candidato de Morena, con tal de frenar a Maru Campos.

Una posible explicación de su postura es el fuerte rumor de que el corralato, o lo que queda, se apresta para apoyar a Andrea en la interna para el 2027.

Anda por ahí una página de Facebook sumando a excolaboradores de Corral para la causa de Andrea. No quiere el exgobernador que repita el PAN en el gobierno estatal, menos aún que su compadre Cruz Pérez Cuéllar sea el primer gobernador morenista de Chihuahua.

Flaca memoria la del senador expanista; el 11 de noviembre de 2020, la entonces diputada federal criticó al gobernador panista por haber contratado una deuda de 75 mil millones de pesos, y remató con un “¡qué mal gobierna el PAN!”.

La pregunta es si Andrea necesita de ese apoyo que más bien puede convertirse en un losa.