-Se quiso pasar de vivo “El Tigrillo” Palma
-Revisión con lupa a errores de miles
-Huérfanos excandidatos van a audiencia

El posible acuerdo que promueve la administración de Claudia Sheinbaum con empresarios gasolineros, para ponerle tope de 24 pesos por litro al precio de la Magna, podría resultar en un riesgo de seguridad para los estados que tienen problemas de huachicol.
El planteamiento que avanza entre el sector privado y el gobierno federal no sería propiamente una política de precios fijados por decreto, sino mediante un pacto para establecer una banda con mínimos de 21 y máximos de 24 en la gasolina que consume el 80 por ciento de los vehículos.
No es control de precios en sentido estricto, pues, para que no se escandalicen quienes creen en la falacia de que el mercado es perfecto y tiende a autorregularse.
Lo extraño es lo que comienza a mencionarse en instancias de seguridad federales y estatales aquí en la entidad. Parecen temas ajenos, pero resulta que un control así podría tomarse como un incentivo para el robo de gasolinas, especialmente en entidades como Chihuahua.
El estado se encuentra a media tabla en la incidencia de este delito, con entre 12 y 13 casos mensuales de robo detectado e investigado por la Fiscalía General de la República (FGR); no tiene los 75 casos al mes de Puebla o Hidalgo, cerca de las refinerías, ni tampoco los cero casos de entidades por donde no pasan ductos y la distribución es mediante transporte marítimo o terrestre.
Sin embargo, el impacto en la seguridad de la eventual política de precios fijados por acuerdo, que no convence a los gasolineros porque les reduce más sus ganancias, debería tomarse en cuenta aquí en el resto de los estados con mayor incidencia.
La razón es que la previsible baja en utilidades sería una tentación más para aceptar las ofertas de suministro ilegal, que no les faltan a los gasolineros legalmente establecidos, de por sí siempre tentados por el huachicol fiscal y el físico.
En fin, ahí queda el apunte digno de tomarse en cuenta, porque es todo un tema en el comportamiento delictivo; nomás el año pasado la guerra por el control de las zonas de ductos, de la parte urbana norte de la capital hasta más allá de El Sauz, aportó alrededor del 30 por ciento del total de las ejecuciones registradas.

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Aunque se quisieron pasar de listos los organizadores de la presentación de “El Tigrillo Palma” en el centro de espectáculos Pistoleros, deberán pagar una multa de 735 mil 410 pesos por concepto de interpretaciones que hacen apología al delito.
El mismo alcalde, Marco Bonilla, dio a conocer que estos organizadores sacaron un permiso en Gobernación bajo el concepto de convivio, pero resultó ser un concierto, que lógicamente necesitaba un permiso diferente, sobre todo por el tipo de canciones que interpreta ese cantante.
Del otro concierto llamado “La Parranda Tour”, donde se presentaron Virlán García, Alta Consigna y Los Perdidos de Sinaloa, ya se sabía que iban a interpretar este tipo de canciones, pero a diferencia del otro evento, estos sí pagaron la fianza de 735 mil pesos que ya pasaron a las arcas del Municipio para destinarlos al refugio temporal de mujeres violentadas y que opera el Instituto Municipal de las Mujeres.

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Hasta donde hurgamos en el contenido de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado, a la cuenta pública de los 67 municipios, no hubo ninguna vista al ministerio público, y en general la libraron bien, desde el punto de vista penal, por el momento.
Y decimos por el momento, porque hay múltiples solicitudes de la ASE para instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, los PRAS, y no se diga Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, los PEFCF.
Recomendaciones son las más, casi todos los municipios tienen en su haber esos señalamientos, pero son pecata minuta.
Los que pueden complicarse ya en la mesa, al momento en que la Comisión de Fiscalización revise caso por caso, son los denominados PRAS, que pudieran ir más allá de la simple responsabilidad administrativa, ya que de ser graves pasarían al TEJA o a la Fiscalía Anticorrupción.
Dicha Comisión está presidida por la morenista, Leticia Ortega, quien encabeza las tareas de revisión de las observaciones a la cuenta pública por segunda legislatura consecutiva, por lo que experiencia existe al respecto, así como película clara de lo que acontece en las entrañas de los ayuntamientos.
La última sesión de la Comisión ocurrió el pasado cuatro de febrero, cuando recibieron al auditor Héctor Acosta, quien les entregó las cuentas públicas, y por el momento no hay fecha para dictaminar, ni sesión próxima.
Lo que hay ahorita es revisión puntual de cada una de las cuentas deteniéndose en detallitos o detallotes que han encontrado, provocados por improvisación en los tesoreros, por no decir omisión con tufo a manejo turbio en algunos casos.
Nada menos en el tema del predial hay procedimientos de rebaja de miles de pesos en adeudos, por “errores” en avalúos catastrales, que redujeron deudas enormes, apenas por unos cuantos centavos.
El ejemplo es de Ignacio Zaragoza, con la cuenta 631001-057-014 la cual reflejaba un saldo pendiente de pago de 242 mil 236 pesos con 18 centavos, y que “una vez analizada se detectó que se trataba de un error al momento de su registro”, informó en su respuesta a las observaciones el ayuntamiento.
En esos detalles habrá de detenerse la legisladora y sus compañeros legisladores en los trabajos de Comisión próximos.

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Quedaron en aprietos los candidatos de México Republicano Gerardo Isidro Rosales Mendoza, aspirante a la Presidencia Municipal de Aldama; Cristoper Guerrero Molina, candidato a la sindicatura del mismo municipio, y Javier Alberto Calderón, suspirante por la diputación del distrito 11.
Deben ser ellos quienes enfrenten solitos la denuncia por propaganda indebida presentada por el extinto Partido de la Revolución Democrática, ante el Instituto Estatal Electoral, y que tiene fijada fecha de audiencia para el próximo 25 de febrero.
Y deben ser ellos sin nadie más, porque resulta que el Partido México Republicano ya no existe y por tanto carece de personalidad jurídica para actuar e inclusive cargar con la responsabilidad como deudor solidario de la multa que pudiera imponérseles.
No son cantidades millonarias, porque se trata de publicidad muy local en una página web de Aldama, pero los miles que sean, no podrán ir con cargo a las prerrogativas del partido político porque perdió su registro en las pasadas elecciones.
Hasta cierto punto es cuestionable el criterio, máxime que el partido se encuentra en proceso de liquidación, iniciado hace apenas unas semanas con la designación de un interventor que debe hacerse cargo de los bienes y las deudas.

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En varias ocasiones han sido movilizados elementos de la Policía Estatal, Municipal y otros cuerpos de seguridad a las cercanías del Río Sacramento, pasando Minerales, por el hallazgo de cuerpos encobijados y con signos de violencia entre maleza, escombro, basura.
Hay en esa tierra de nadie un extenso tiradero clandestino de basura que abarca varios kilómetros a la redonda, que está siendo utilizado por el crimen para abandonar a sus rivales una vez ejecutados.
El hecho más reciente ocurrió el 14 de febrero del presente año, en el que ciudadanos que transitaban por la zona se percataron de un bulto.
Era una persona amarrada con alambres y telas de color gris y rojo. Atendió la municipal en virtud de una llamada al 911.
El caso anterior tuvo lugar el 19 de diciembre del 2024, un joven identificado después como Nicolás Ochoa, amarrado, envuelto en una cobija y depositado a unos 2 kilómetros del lugar.
El siguiente cuerpo fue localizado un día después, el 20 de diciembre. Erick Fernando Escobedo, fue abandonado, encobijado en una prenda de color gris, con huellas de violencia.
Erick como Nicolás tenían en común que fueron vistos por última vez en la colonia Ponce de León, hecho sobre el cual habría ya un detenido sospechoso.
Pero los casos del tiradero van más atrás. El 24 de julio de 2024 en las mismas cercanías fue localizado un hombre con un disparo y una varilla enterrada en el abdomen.
Y antes, en una revisión de archivos periodísticos, el 1 de julio de 2024, fueron encontrados dos cuerpos, un hombre y una mujer, ejecutados, observados por quien paseaba en su Razer.
Saben las autoridades de este modus operandi, ni modo que no.