-Dejaron en visto a paisano en Segob
-Mochan Ley de Carrera Judicial
-El rescate de millones de datos
La reacción fue pasional, dirían los abogados de la vieja guardia para justificar a sus representados acusados de algún delito, ante el suceso registrado la tarde del jueves en una visita conyugal en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán.
El caso tendría incluso una explicación lógica -injustificable, sí, pero explicable como móvil delictivo- dado que un hombre sacó y disparó una pistola por celos, al ver a su pareja (o expareja tal vez, pero es algo complicado de definir), con otro hombre.
Estaban en un área privada, especial para darles intimidad a los reos por algunos momentos, como uno de los pocos derechos que tienen quienes pierden su libertad.
Lo que de plano es inexplicable e injustificable es que el hecho fue registrado dentro de la prisión donde no puede ni debe haber armas, como la escuadra Glock detonada por el agresor, cuando le hirvió la sangre después de enterarse quién era su compañero de cárcel y quién la mujer visitante.
El tema es una espinosa cuestión privada que ya deberá resolver el trío en disputa, pero lo que resulta inadmisible es que una persona detenida ande armada en un área en la que ni los custodios utilizan armas de fuego, por el peligro de perderla o se la quite un recluso en caso de algún altercado. Ahí adentro los custodios nomás pueden darle a puño y tolete limpio al que se pase de la raya.
Cómo entró la pistola, de dónde viene, quién la metió y cómo la obtuvo Yahir R.A., son dudas que debe responder y clarificar la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, responsable de la operación del sistema penitenciario. Deben contestar a esas preguntas el general Fernández y el comandante Realivázquez, los dos principales jefes operativos de los Ceresos.
Decomisar el arma de fuego -que mostramos en la edición digital de GPS- e imputarle otro delito el reo que la accionó, no es ir al fondo del problema.
El caso refleja descontrol, corrupción e incluso que sigue el autogobierno en los penales, por lo que puede ser el anticipo de sucesos más graves si, como parece, los reclusos tienen acceso a armamento dentro de la prisión.
Además, no debe perderse de vista otro detalle: celdas, módulos, patios, áreas diversas y reos, están separados por grupos de forma tal que no se topen entre rivales, así que los confrontados son (o eran) al menos aliados, sino es que amigos.
Y si entre ellos se hablan de 9mm para arriba, qué puede esperarse entre enemigos, léase integrantes de otras bandas y agentes de custodia penitenciaria.
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Qué buena idea tuvo la Profeco con eso de quemar a las estaciones de servicio que se pasan de lanza con los precios de las gasolinas, sobre todo en últimas fechas en las que era tan obvio el abuso que la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, aprovechó la mañanera para lanzarles un mensaje.
“No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” es la leyenda que la Procuraduría Federal del Consumidor ya está colocando en las gasolineras que venden muy por encima de los parámetros.
El organismo deberá voltear a ver con especial cuidado a los municipios pequeños y los pueblos donde los gasolineros cobran entre cinco y seis pesos más que en estaciones de ciudades grandes, aprovechando las pocas opciones que hay para los consumidores.
La medida ayudará, al menos, a que los conductores cuenten con una guía que les permita buscar la mejor alternativa para sus bolsillos, en medio del descontrol que hay sobre los precios de los combustibles.
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Los paisanos que visitaron a sus familias en la entidad aprovecharon para realizar distintas gestiones ante autoridades que les piden realizar trámites de manera presencial, lo que para ellos es imposible hacer por cuestión de gasto y los riesgos que conlleva moverse de los lugares donde actualmente laboran.
Agradecen los apoyos que reciben, pero consideran que deberían ser más flexibles, por ejemplo, en el Infonavit, en las Afores y hasta en el Banco del Bienestar, con el fin de que puedan realizar trámites en línea, en lugar de estar forzados a venir a México para realizarlos.
Es costoso para ellos acudir personalmente desde lugares lejanos donde se encuentran laborando, lo que les quita tiempo, además del riesgo de viajar en su condición de indocumentados, o bien con los permisos limitados con los que cuentan.
“Sería bueno proponer a Claudia Sheinbaum Pardo que los paisanos podamos poner el afore en banco bienestar en línea. Y podamos hacer trámites al IMSS y afores a distancia porque nos piden presencial y no podemos. Rosa Icela Rodríguez Rocío Nahle y el congelamiento de Infonavit me sale peor. Mas caro que como lo tengo. Octavio Romero Oropeza”, posteó uno de los paisanos en la cuenta de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien es la jefa inmediata del INM como cabeza de sector público.
No hubo respuesta alguna para el paisano, a pesar de que es obvio que la secretaria o sus auxiliares vieron la publicación.
Así es que fue común ver a los paisanos realizar trámites personalmente en las instituciones mencionadas y en otras más, aprovechando el viaje.
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Es golpe casi mortal a la carrera judicial desaparecer la posibilidad de escalar a juez de distrito o magistrado en la ley respectiva.
Tenemos el antes y el después en ambas leyes, la que tuvo vigencia hasta ayer y la que empezó su vigor en ese mismo momento.
No hay una modificación de fondo en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, más que la eliminación de dos palabras, jueces y magistrados.
El artículo 11, que es el que disponía los cargos que podían ser concursados, tuvo un moche en sus dos primeras fracciones, donde consideraba las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito.
La imagen en nuestra edición digital.
Más adelante, la anterior ley, disponía cómo serían esos concursos de oposición, en relación con dichos cargos judiciales, que ahora desaparecen, y sólo dejan el resto de los puestos, desde secretarios de acuerdos hasta oficial judicial.
Quedaron solo 11 categorías de las 15 existentes, porque si desean ocupar esos altos puestos, deberán someterse a las urnas, con personas que apenas tengan la mínima experiencia práctica litigando, y presenten las cartas de recomendación de sus vecinos.
La ley anterior sólo dejaba fuera de la carrera judicial a los ministros de la Corte, quienes eran designados por mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pero ahora también deberán pasar por el rasero de las urnas, en este primer caso, el día primero de junio próximo.
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Por estos días está apalabrada reunión de las áreas técnicas del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública con sus similares del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI.
La idea, de acuerdo a lo anticipado en diciembre por el titular del Ichitaip, Sergio Facio, es revisar las condiciones técnicas para recibir los millones de datos generados por los sujetos obligados y que pertenecen a estos y en última instancia, a los ciudadanos tratándose de datos personales confidenciales y sensibles.
Lo de menos es tener un muy buen servidor respaldado con una proveeduría confiable a nivel local, nacional e incluso internacional, sino el sistema en que está contenida la información o bien, el lenguaje o soporte en que será proporcionado para poder ser procesado y que no se convierta en basura binaria.
Ahí es donde está el reto, que, mediante una especie de convenio, pueda el Ichitaip replicar esa plataforma nacional de transparencia, para que sin problema alguno pueda migrar a nivel local y seguir siendo utilizada, como un extraordinario mecanismo incluso de notificación y recepción de recursos.
Con un ingrediente más, esa información es propiedad y está bajo custodia de los sujetos obligados, con responsabilidad frente a los ciudadanos a los que finalmente pertenecen.