En días recientes, ha estado circulando por las redes sociales y en algunos periódicos impresos y digitales, el resultado que arroja un “Comparador Judicial” de las diferentes personas candidatas en la elección del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, siendo más bien un instrumento nocivo por su falta de objetividad y de certeza.
Dicho comparador, aparece en una página de internet que se ostenta con el nombre de “Observador Judicial” (https://observadorjudicial.mx/), en la cual refiere que es “… una plataforma ciudadana que utiliza inteligencia artificial para analizar los perfiles públicos de candidatas y candidatos al Poder Judicial”, y que además clasifican “… experiencia, nivel académico, vínculos familiares, trayectoria y más, para que tomes decisiones informadas”. No obstante, lo que evidentemente ofrece es desinformación, como a continuación se revelará.
Desconozco la identidad de quienes operan dicho sitio web y, en su caso, si tienen la formación de abogado y/o el entendimiento de los requisitos y características que debe cumplir una persona juzgadora, pero lo que se muestra y demuestra en su “estudio comparativo”, es una grave ignorancia de la que quieren responsabilizar o descargar en la inteligencia artificial.
Entre las consideraciones de cómo llevan a cabo sus análisis, señalan que: “Utilizamos inteligencia artificial para complementar los datos iniciales con información adicional obtenida de fuentes públicas verificables como directorios oficiales, medios de comunicación y redes abiertas”; “Procesamos automáticamente cada perfil para identificar su trayectoria académica y experiencia profesional. En casos atípicos o inconsistentes, aplicamos revisiones manuales para validar o corregir la información”, y; “Toda la información procesada se estructura en comparadores, filtros y visualizaciones que permiten explorar y entender fácilmente el perfil de cada candidato”.
En el sitio de internet en cuestión, se puede acceder a un apartado denominado “Metodología y Análisis”, que no necesariamente ofrece una explicación convincente, y menos detallada del cómo llegan considerar a alguien como “Altamente Calificado”, siendo esto lo más delicado e irresponsable. Al final del citado apartado, se hace referencia al derecho de réplica, que bien pudiera ser ejercido por quien se sienta perjudicado, pero por lo pronto con la información que ya se ha hecho pública, en no pocos casos habrá daños irreversibles ante la opinión del electorado.
Llama la atención, sobremanera, que se recurran a los vínculos familiares y a la militancia partidista, lo que no es un requisito constitucional y legal, ni definitorio de un buen desempeño en el cargo. Salvo que con ello se pretenda ponderar alguna influencia que beneficie o perjudique a la persona candidata, bajo la visión e interés particular de quienes elaboran el comparativo, eso ya sería otra cuestión, que en su caso pudiera caer en una dolosa pretensión y en un irreparable daño a las aspiraciones de buena voluntad.
Con la presente colaboración, no se realiza señalamiento alguno de que quienes han sido considerados con esa alta calificación no la merezcan, pero en el conocimiento de quien esto escribe, tanto por los datos asentados en el comparativo de marras, como de diferentes aspirantes de quienes se tiene información directa por distintos motivos, no es sencillo asimilar inclusiones y exclusiones.
De las menciones que se efectúan como altamente calificados, no cabe duda de que así lo es, ni es preciso llevar a cabo indagatoria alguna para desestimarlo —en virtud de su amplia y respetable trayectoria conocida por el suscrito—, en cuanto a Rogelio Guzmán Holguín, candidato número 23 a magistrado penal; pero respecto de quienes no fueron incluidos, es pertinente analizar unos ejemplos comparativos.
En cuanto a Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, candidato número 31 a magistrado civil, considerado con esa alta calificación, se le atribuye en el comparativo que nos ocupa con un “Perfil fuerte: experiencia relacionada y posgrado, pero no directamente relacionado al cargo”. Cabe señalar, que el siguiente nivel de perfil lo es el “Perfil ideal: tanto experiencia relevante y posgrado relacionado al cargo”. Al candidato referido le aparece experiencia como abogado litigante y con diversos cargos en el tribunal electoral, pero no en alguna sala civil o en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Respecto de Carmen Rocío Márquez Padilla, candidata número 06 a magistrada civil, también se le atribuye ese “perfil fuerte”, pero inexplicablemente no se le contempló con esa “alta calificación”, siendo que en su haber existen alrededor de 30 años de experiencia en el TSJ, principalmente en juzgados y salas civiles, así como el primer lugar de calificaciones de su generación y una maestría en Derechos Humanos, a la que aberrantemente se le indica que “no está directamente relacionada con el cargo” (por favor, a quien se le delegó la responsabilidad de esa determinación). En la pagina web multicitada, aparece escasa información de la candidata, lo que no ocurre en muchos otros casos. Tal parece que les falló la inteligencia artificial, y por mucho.
Ejemplos como el anterior lo pudiéramos encontrar, entre otras personas, en Carlos Martínez García, candidato número 43 a magistrado penal, quien tampoco fue incluido en esa alta calificación, a pesar de contar con alrededor de tres décadas en la función jurisdiccional, precisamente en la materia a la que aspira, tanto en juzgados como en salas, habiendo tenido un reconocido y ejemplar desempeño como juez penal.
Entonces, queda más que claro que esa medición a la que se le describe como “Perfil altamente calificado por Observador Judicial”, lo es exactamente desde la visión e intereses de quienes operan esa plataforma, la cual carece de una obligada transparencia y explicación para ese tipo de comparativos. Aquí no hay inocencias ni ignorancias.
Lo delicado estriba, en que se le está facilitando al electorado un abanico de opciones, un acordeón para hacerlo propio en obviedad de investigar, en un ejercicio que no se apega a la equidad en la contienda que debe prevalecer en todo proceso electoral.