- Entre ‘La Diabla’ y las intrigas político-judiciales

Pleitos de los magistrados que son un secreto a voces y la aparición de nuevos jueces muy limitados en capacidades para el manejo de las audiencias, además del primer megapuente en curso sin tener apenas una quincena en el cargo, marcaron el penoso comienzo del reformado Poder Judicial del Estado.
Si no es el pleito del sótano del edificio de la Niños Héroes, entre el magistrado Yamil Athié y el presidente del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Francisco “Paquito” Acosta Molina, es la intriga entre Gerardo Acosta Barrera y la cabeza del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Karla Esmeralda Reyes, para debilitar a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Marcela Herrera Sandoval.
Si no es la intentona de cerrar audiencias en Juárez por parte de la ex abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la hoy flamante jueza estatal especializada en narcomenudeo, Silvia Rocío Delgado García, es el osote de la jueza penal de la capital, Saida Deborah Arellano Valencia, al extender una diligencia hasta las tres de la madrugada por su desconocimiento de términos jurídicos y plazos procesales.
Si no es la jueza fronteriza favorita de los delincuentes, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, es su homóloga de Chihuahua, Alejandra Ramos Rodríguez, dando pena por su descarada protección a Martha Alicia M.A, alias “La Diabla”, acusada, entre otras cosas, de secuestrar y matar a una mujer embarazada, para extraerle al bebé y ponerlo a la venta.
Cualquiera de esos botones de muestra es suficiente para generar escalofríos y desmentir tempranamente la existencia de una nueva era en materia de justicia estatal, después de una cuestionada reforma que no hizo otra cosa más que traer una reconfiguración política del Poder Judicial, con sus vicios de siempre.
Si le agregamos que, con la mano en la cintura y sin vergüenza alguna, todos los órganos judiciales determinaron tomar el puente desde el jueves 11 hasta el miércoles 17 de septiembre, tenemos como resultado un malo, pésimo augurio para el nuevo sistema de justicia que supuestamente llegaría con la elección popular de jueces y magistrados.

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En el terreno político, tras la elección de junio quedó clara la desproporcionada concentración del Poder Judicial en la capital del estado, a pesar de existir una ciudad más grande, Juárez, y otras tres, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, con los distritos más poblados de la entidad. El origen de los magistrados del TSJE y del TDJ da cuenta de ello, así como las resistencias para ocupar las salas fuera de Chihuahua.
Quizás por ello, en un acto meramente político, aunque sin utilidad práctica, la magistrada presidenta puso en su agenda como prioridad su visita a la frontera, donde recorrió la Ciudad Judicial y atendió encuentros con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el fiscal Carlos Manuel Salas y representantes de diversos sectores sociales.
Mientras ella recorría Juárez, aquí fortalecían su alianza uno de los magistrados que presume de tener más experiencia y más hilos del TSJE, con la titular y otros integrantes del OAJ, la instancia convertida, con la intromisión legal pero injustificada del Ejecutivo y el Legislativo, en un poder dentro del Poder Judicial.
La intriga y el complot no son ajenas a jueces y magistrados, como no lo son para cualquier otra instancia política, pero la promesa de una renovación judicial verdadera queda hecha añicos con el comportamiento rastrero y la intervención descarada de intereses muy alejados de la misión sustancial del aparato de justicia.
El OAJ -compuesto de puros perdedores de la elección judicial: Karla Reyes, Eduardo Zacarías Gómez, Luisa Fernanda Márquez, Minerva Correa y Judith Ávila Burciaga- fue integrado en la opacidad de los sótanos judiciales y políticos, así que no podría esperarse otra cosa más que confabulaciones inconfesables para mantener un control de la justicia a través del presupuesto público.
Pero opera en un contexto similar de intrigas el TDJ, sí electo en votación “popular”, con el magistrado presidente, Acosta Molina, quien, aunque lo ha tratado de negar, estuvo a punto de liarse a golpes con el magistrado del TSJE enviado con un patadón a una sala de Parral, Athié, a causa de supuestos acuerdos secretos incumplidos para el reparto de las salas.
Acosta ahora es famoso por ese pleito (y también por su espectacular borrachera en la final del beisbol estatal entre Indios y Dorados), pero más allá de su mal cálculo político, porque Athié será el siguiente magistrado presidente del TSJE, abona a la temprana descomposición del Poder Judicial.

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Si nos vamos al terreno jurisdiccional, la primera bandera roja estuvo en la interrupción de plazos y la cancelación de audiencias, así como el retraso en trámites vitales como los de pensión alimenticia, frenados por el cambio de funcionarios en las áreas administrativas del TSJE.
La afectación masiva para los justiciables es incalculable, pero a nadie parecía preocuparle porque los mandos judiciales estaban instalándose en sus lujosas oficinas, haciendo acuerdos bajo la mesa, burlándose de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque comenzaron con alabanzas a Quetzalcóatl, mientras ellos mostraban su falta de compasión ante el sufrimiento de personas que reclamaban actividad judicial.
La jueza Saida Deborah Arellano Valencia, aquí en la capital, fue objeto de críticas por extender una audiencia hasta la madrugada porque, presa de los nervios y la inexperiencia, no sabía cómo resolver un asunto que prácticamente era de mero trámite. Eso sí, en campaña presumió su posgrado en derecho penal y una supuesta amplia experiencia en el litigio, la academia y el servicio público.
Antes, la jueza Alejandra Ramos Rodríguez, también de la capital, dejó en libertad, en una decisión en lo más oscurito de su juzgado y con extraños tecnicismos, a “La Diabla”, la presunta responsable del aberrante crimen contra la jovencita juarense Leslie G.C, a quien presumiblemente arrancó de su vientre a su bebé, para luego intentar venderlo a las afueras de un hospital.
El caso de la mujer acusada de feminicidio, trata de personas, asesinatos y otros delitos, acabó en la capital por la huida de la acusada, pero luego regresó a Juárez gracias a una atinada respuesta de la Fiscalía de Mujeres (FEM), la cual pudo imputarla también en la frontera por el escalofriante caso concreto del asesinato de la jovencita embarazada, la extracción del bebé y homicidio en grado de tentativa.
La primera audiencia en la frontera en este caso, ahora con la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, fue cerrada también. De nuevo en lo oscurito, en clara desatención a la realidad de una justicia abierta y transparente que habría de reforzarse con la reforma.
El viernes pasado, Barraza Morales corrigió el entuerto, abrió la audiencia, vinculó y mantuvo en prisión a la detenida; tal vez lo hizo al comprender que no es jueza de causas privadas sino públicas y debe atender a la necesidad de rendir cuentas a la sociedad que la eligió, al menos en teoría.

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Otra juzgadora que sirvió de mal ejemplo fue la que se hizo famosa con su efímera defensa de El Chapo Guzmán, Silvia Rocío Delgado. Aprovechó a los medios de comunicación para promoverse como candidata, pero ya electa se olvidó que debe fungir como jueza del pueblo.
“Urgente. Por favor, recuérdenme el argumento para que no pasen los medios a mis audiencias. Ya me están hablando de comunicación social”, fue uno de sus mensajes -que El Diario pudo conocer y evidenciar- en un grupo de WhatsApp de varios jueces penales, en su primer intento de impedir el acceso a una diligencia pública.
Entre “La Diabla”, las intrigas políticas y otras miserias de los nuevos juzgadores; entre las vacaciones de cinco días pagados sin haber trabajado siquiera la primera quincena; entre el retraso de audiencias, de trámites y resoluciones, están cientos, miles de ciudadanos a la espera de justicia.
Los casos penales son los que comúnmente conocemos por su naturaleza pública y noticiosa. Son los de mayor interés de los medios de comunicación, sobre todo porque impactan a amplios sectores sociales y deben tener, según el violentado espíritu del sistema de justicia penal, la máxima publicidad, con el fin de que la comunidad esté informada de su entorno y pueda ayudar en la construcción de la seguridad.
Pero hay otros miles de asuntos de la justicia civil, laboral y especialmente familiar, que implican a otras miles de personas demandadas, demandantes e involucradas sin deberla ni temerla, como los niños y niñas, que hoy son víctimas de este aparato judicial ya destartalado pese a estar nuevo.
Esas víctimas no son visibles por las restricciones de la ley, pero existen. No los vemos, pero si públicamente los jueces y magistrados recién instalados son capaces de actuaciones tan aberrantes como las que hemos conocido, ¿cómo actuarán en lo privado, en lo oscurito?
Esas víctimas de juzgadores ruines, las que vemos y las que no, son atropelladas por la falta de escrúpulos de los intereses políticos morenistas, prianistas, conservadores, chairos y fifís, que no quieren en realidad un cambio en la justicia, sino beneficiarse a sí mismos.
La legitimidad de la cúpula del aparato judicial, su eficiencia y competencia para resolver, queda puesta en duda con episodios así de penosos, lamentables, vergonzantes.