-Acusaciones federales endebles por narcolaboratorio
-No le pegan las quejas a exconsejera electoral
-Calman de sopetón grilla en Ciencias Agrícolas

Fue cerca de las ocho de la mañana de ayer cuando llegó al Senado de la República el oficio de la representación de Chihuahua en la Ciudad de México, con la contestación de la gobernadora, Maru Campos, negándose a reunirse con senadores de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad.
Esa fue la respuesta oficial, tras días de apuestas a favor y en contra de la visita de Campos Galván a los legisladores que, a propuesta del morenista Juan Carlos Loera, la invitaron “respetuosamente” a una reunión de trabajo, que seguramente habría de convertirse en un circo. Ahí le iban a dar sus “respetos”.
Entre versiones opuestas que confirmaban o negaban su asistencia al mismo tiempo -incluidas las que daban por hecho la reunión, soltadas tanto por el morenista Óscar Cantón Zetina como por el líder panista nacional, Jorge Romero Herrera- parece que al final la mandataria optó por la prudencia.
Según la respuesta formal, declinó para no comprometer investigaciones en curso y mantener la secrecía con la que deben manejarse los procesos ministeriales, tanto los iniciados por la Fiscalía del Estado como los de la Fiscalía General de la República.
Pero es obvio que aparte de la confidencialidad, con la que deberían conducirse los asuntos relacionados con la seguridad nacional, la gobernadora decidió hacer otro intento para evitar ese circo en que ha sido convertido el estado tras el desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, hecho opacado por la tragedia de los agentes muertos y la intervención de EU.
De haber ido al terreno donde la correlación de fuerzas políticas es de siete a tres a favor de los morenistas y aliados, cualquier cosa que respondiera sería usado en su contra, especialmente tras la forzada renuncia de César Jáuregui como Fiscal General del Estado.
No ir, como finalmente decidió, también garantizaba golpeteo, como quedó confirmado ayer, pero con ello la mandataria mantuvo la línea de prudencia con la que se ha conducido, sin hablar de más ni lanzar acusaciones temerarias, como las que otros han vociferado hasta el ridículo, tanto para acusarla de vender la patria a la CIA como para decir que la molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum es porque fue afectado el “narcogobierno”.
Viene ahora determinar cuál es la ruta jurídica que seguirán las posibles violaciones a las leyes y las sanciones a todos los involucrados (Estado, Federación, Gobierno de Estados Unidos) que legalmente no pueden ir más allá de amonestaciones por faltas administrativas y extrañamientos.
Aunque en el ruido de quienes alimentan el escándalo no falten los que pidan drásticos procesos penales, juicios políticos y hasta fusilamientos en caliente, no se ve por dónde pueda probarse el dolo, el daño o detrimento de la nación en la incursión contra una instalación criminal, aun con el “apoyo” de una cuestionable agencia estadounidense que, claramente, tiene sus tentáculos en todo el país, pero no siempre queda al descubierto.

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La base de la acusación contra César Jáuregui, exfiscal general del Estado, el difunto titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes y demás funcionarios estatales, emprendida desde la Mañanera, está endeble jurídicamente.
Lo gritan tanto el Código Penal Federal, como la Ley de Seguridad Nacional, en un análisis hecho llegar a GPS.
Los supuestos agentes de la CIA -porque no hay una confirmación oficial del gobierno norteamericano, Chihuahua ya pidió información al Consulado y el gobierno mexicano solo envió una nota diplomática cuyo contenido y respuesta desconocemos- eran civiles que no participaron activamente en el operativo -mando, ejecución, operación-, no estaban armados ni cometieron delito alguno sancionado, y por tanto, -lógicamente- tampoco los funcionarios estatales.
No hay delitos contra la seguridad de la nación, porque no hay traición a la patria -relación o inteligencia con un gobierno extranjero con el fin de guiar una invasión o alterar la paz interior-, no hay entrega de información extranjera -el funcionario público que, teniendo bajo su cargo documentos o informes de interés estratégico, los proporcione a grupos rebeldes (que pueden ser auspiciados por extranjeros)-.
Tampoco hay abuso de autoridad -si el funcionario permite o facilita privaciones ilegales de la libertad o si omite su obligación de impedir la ejecución de conductas que vulneren la seguridad-, ni cohecho -colaboración con agentes extranjeros a cambio de dinero o beneficios-, ni revelación de Secretos -funcionarios con acceso a sistemas de informática del Estado (especialmente en materia de seguridad pública) que proporcionen o utilicen indebidamente dicha información-.
Ante tal complejidad de tipos penales, a lo más que hay es la ausencia de los informes que pide la Ley de Seguridad Nacional, que deben rendirse dentro de los tres días posteriores a cualquier contacto con agente extranjero; pero si eso es sancionable, deberían empezar por todos los funcionarios del gobierno federal y estatales en todo el país, que diariamente contactan a los agentes extranjeros de embajadas y consulados, y que no informan. Imaginemos el papeleo absurdo.
Para la Fiscal Especial, Wendy Chávez, estará entonces muy fácil o muy difícil resolver, porque sin contar el patrioterismo ramplón abordado en el GPS dominical, no hay mayores elementos para llevar al cadalso a Jáuregui y compañía, fuera del medro político-electoral.
El detalle está en que vendrá ahora la FGR en afán de forzar el encuadre de una conducta en un tipo penal inexistente.

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La exconsejera, Georgina Ávila, ha buscado llegar a diversos puestos, pero no le ha pegado nada; ahora, fue al amparo para buscar echar abajo una resolución del Tribunal Estatal Electoral, que le permita regresar al IEE, con reconocimiento de antigüedad.
Nos refrescan la memoria fuentes conocedoras que la litigante intentó ser magistrada electoral y magistrada civil, incluso llegar a ser comisionada presidenta de la CEDH, luego integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y nada.
Ahorita habría regresado a los orígenes, en un despacho de abogados, pero pues no es lo misma buscar la chuleta fuera que dentro de nómina. Vivir fuera del presupuesto, decía el clásico, es vivir en el error.
De manera reciente el Tribunal Estatal Electoral emitió sentencia en el expediente JCL-426/2025, en la cual resolvió una controversia laboral presentada por Georgina en contra el Instituto Estatal Electoral.
Buscaba la actora el reconocimiento de una relación laboral y antigüedad por su tiempo como asesora, argumentando una continuidad con su posterior cargo como Consejera Electoral.
Sin embargo, el Instituto se defendió alegando que la función de consejería es de naturaleza constitucional y no subordinada, lo que rompe cualquier secuencia laboral previa.
Derivado de ello, el Tribunal determinó que, al no existir una relación de trabajo vigente durante el periodo de consejería, la facultad para reclamar prestaciones pasadas había prescrito legalmente. La sentencia es pública.
Por ello, absolvió a la autoridad demandada, confirmando que el derecho de la actora para ejercer la acción caducó años antes de presentar su demanda. Error de cálculo que, a cualquiera, incluso a un litigante, se le pasa.
Pues ahora interpuso amparo para tratar de echar abajo la resolución del Tribunal y regresar a la nómina del IEE, al menos como asesora, con ese reconocimiento de antigüedad. Veremos que resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, si endereza la plana de los magistrados electorales o confirma la decisión.

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Vaya manera de calmar la grilla en los pasillos de la UACH, y en especial en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.
Resulta que las intenciones de enajenar el rancho "El Inocente" —petición que, hay que decirlo, nació del seno de su propio Consejo Técnico allá por 2021— terminaron topándose con pared.
Aunque el Consejo Universitario dio trámite inicial para que todo fuera "conforme a la ley" y bajo el amparo del Artículo 93 de la Ley Orgánica de la UACH, los números y la fiscalización dijeron otra cosa.
Dicen los que saben que el freno de mano no fue un capricho, sino el resultado de la lupa puesta por la Auditoría Superior a la Cuenta Pública 2021.
Tras revisar el tema se determinó que la venta simplemente no es procedente. La lección es clara: una cosa es el deseo de la unidad académica y otra, muy distinta, la viabilidad legal frente a los órganos de control.
Para los que ya andaban midiendo el terreno, les recordaron que el patrimonio de la UACH no es cualquier cosa, es imprescriptible e inembargable.
La máxima autoridad dejó en claro que los inmuebles destinados al objeto de la institución son, además, inalienables. Si alguien quiere mover un ladrillo de la Universidad, no basta con el "voto de confianza" del Consejo; se requiere la venia del Ejecutivo y la bendición del Congreso del Estado.
Por ahora, "El Inocente" se queda donde está, bien guardado bajo el manto universitario.