La tontería de “El Tomatito” sobre Andrea

Dos semanas de Maru y los chalecos azules

Mápula, los jueces federales vs Chihuahua


Otra vez es la región de Cuauhtémoc la que aparece como vitrina del crimen organizado en el estado, con diversos tramos carreteros como escaparates de cadáveres y narcomensajes firmados por los grupos que pelean las plazas alrededor.

Hay algunos datos duros que llaman la atención en el análisis de la evolución de la violencia en la entidad, que si bien no alcanzan las dimensiones de los 10-12 estados del país con reacciones virulentas tras la caída de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, siguen siendo focos rojos sin apagar en una región donde los pueblos pequeños viven en toque de queda permanente y autoimpuesto ante las amenazas que padecen.

En los últimos 10 días, son 12 las ejecuciones ligadas a la pugna que mantienen “La Línea” con “Los Tigres” (o “Gente Nueva de El Tigre), grupos que ya no se mandan mensajes en voz baja ni con levantones o asesinatos aislados, sino que se comunican con crímenes cada vez más atroces y mantas en las que se achacan supuestas responsabilidades.

Estos hechos se suman a los alrededor de 70 muertos que, desde el 15 de septiembre del año pasado en la masacre de Carretas, se han acumulado en los municipios alrededor de Cuauhtémoc: Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja y Nonoava, además de otros casos posiblemente vinculados en Cusihuiriachi, Santa Isabel y Guerrero.

La libertad de la que gozan los grupos para hacer su propaganda territorial, detrás de cada caso, hace ver que la delincuencia organizada percibe vacíos de autoridad. Igual lo debe percibir la población que ha decidido atrincherarse en sus casas mientras no haya luz del sol.

Eso es lo más lamentable, que las autoridades están básicamente de contadoras de cadáveres y levantadoras de casquillos de grueso calibre, mientras sigue una dinámica de levantones-ejecuciones en los mismos pueblos y los mismos tramos carreteros supuestamente vigilados.

Esas cifras de la violencia criminal, que han sido puestas sobre la mesa de seguridad, rebasan hasta dobletear incluso las que tiene la capital, especialmente ahora que parecen haberse dado tregua las facciones de la delincuencia que coexisten en Chihuahua.

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El subdirector administrativo de la Policía Municipal, Luis “El Tomatito” Terrazas Fraga, hizo en redes sociales un desafortunado comentario -que por legalidad, pudor, respeto y prudencia no habremos de repetir- en una publicación en la que la senadora morenista juarense, Andrea Chávez, anunciaba su embarazo.

Algún brote de exacerbado panismo y machismo debió padecer el exregidor del albiazul al intentar burlarse del embarazo de una mujer. Lo hizo y dejó plena constancia en redes de su actuación, que ayer mismo el alcalde, Marco Bonilla, reprobó al anunciar la correspondiente investigación del Órgano Interno de Control (OIC). Mínimo debe ser despedido.

Independientemente de que se trate de una adversaria política del funcionario municipal, la tontería le puede salir muy cara, según los que conocen de faltas administrativas y sus procedimientos.

El OIC puede proceder con una amonestación pública o privada, como mínimo, pero puede escalar a la suspensión del cargo desde un día hasta un año; destitución definitiva, inhabilitación temporal o una sanción económica, supuesto, este último, que no aplicaría por no haber un beneficio indebido para el presunto responsable de esta falta.

Más vale que proceda el municipio antes que se le adelanten otros órganos defensores de la mujer...y de la ley.

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La irrupción de los chalecos azules en Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, por señalar a los más vistosos contingentes, no fue el arranque de campaña del PAN ni la clave de las definiciones de candidaturas, como las interpretaron varios observadores de la actividad política.

Lo que hicieron los panistas organizados en las ciudades grandes y medias, así como en otras poblaciones más pequeñas, fue entregar avances en ejemplares impresos de lo que será el informe de la gobernadora Maru Campos este próximo primero de marzo.

Son las dos semanas de Maru, la actual y la que viene, porque de acuerdo con la ley puede promover por cualquier medio su informe de actividades como jefa del Ejecutivo, que ciertamente tiene simbolismo político en medio de la sucesión de 2027, pero no es el arrancadero de los candidatos a sucederla.

La cúpula de Acción Nacional tiene claro que es primero el informe, luego el esperado planteamiento de una reforma electoral que suma algunas semanas de retraso formal.

Después de eso podrá conocerse el terreno y las condiciones en que los acelerados podrían comenzar.

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Puede que este día se anuncie la reforma electoral como un punto nodal en la transformación política del país, como uno de esos momentos para grabar en letras de oro en la historia nacional, pero lo cierto es que, además de la batahola que va a generar, no es el primer ni único intento de un gobierno para trascender.

De hecho, a partir de 1988, casi todos los presidentes electos han pretendido modificar el sistema electoral, desde los integrantes del Congreso de la Unión hasta la autoridad encargada de los comicios, incluyendo los requisitos para el registro de los partidos y las fórmulas para los plurinominales.

De acuerdo con el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde la Constitución de 1917, el país ha tenido al menos 21 reformas electorales, de las que ocho son catalogadas como de amplio alcance.

Por ejemplo, en 1963 se avaló un umbral mínimo de 2.5 por ciento de la votación para obtener al menos cinco diputados de lista, pero en 1977 se bajó a 1.5; luego se volvió al subir a 2 por ciento en 1996 y finalmente a tres en 2014.

A la par, las diputaciones plurinominales pasaron de 100 curules en 1977 a 200 1988.
Se tienen registradas reformas electorales en 1946, 1951, 1963 y 1969, pero las de mayor calado iniciaron con la reforma política de Jesús Reyes Heroles en 1977, que abrió la competencia a los partidos de izquierda y terminó beneficiando al PAN en los ochenta.

En años posteriores hubo otras: 1986, 1990, 1993, 1994 1996, 2002, 2005 y 2014. En ese periodo destaca la de 1990 porque, tras las polémicas elecciones de 1988 se creó el Instituto Federal Electoral completamente autónomo de la Secretaria de Gobernación, aunque en 2014 se transformó al Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral cuya suerte también está echada para esta reforma de AMLO-Sheinbaum.

De qué dimensiones pinta la que viene a partir de hoy lo sabremos, pero ciertamente no pasará desapercibida.

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Sólo los ingenuos creyeron que, con la reforma al Poder Judicial, la justicia por fin iba a ser pronta y expedita, porque al igual que el ciudadano de a pie espera años para que llegue, el gobierno municipal también es víctima del tortuguismo de los juzgados federales.

Ayer se esperaba que para el medio día ya existiera una resolución al amparo interpuesto por particulares por la construcción del nuevo relleno sanitario de Mápula, pero como ha venido ocurriendo desde hace tres años, volvieron a aplazar la audiencia quién sabe para cuándo.

Lo que sí es cierto es que, cuando la justicia es lenta, no es justicia; y quienes están padeciendo estos aplazamientos no es el gobierno municipal, sino todo los chihuahuenses de la capital, al no existir una resolución final y solo estar dándole largas al asunto, en fin, ni los nuevos jueces han demostrado ese cambio que todos esperaban con los cambios al interior del Poder Judicial Federal.