El viernes pasado, en este mismo espacio, abordamos la iniciativa de reforma electoral de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sin emitir consideraciones personales. Por ello, en esta segunda parte emitiré mi opinión sobre la misma, punto por punto, en los aspectos más relevantes.

Sobre la propuesta de los 97 diputados plurinominales que serían los mejores perdedores de cada partido político (lo que garantiza pluralidad y representación de las fuerzas que no ganaron, pero tuvieron una alta votación) y los ocho votados por mexicanos en el extranjero, en general la consideramos una buena propuesta. Sin embargo, los 95 más votados en las cinco circunscripciones del país, eligiendo a un hombre y a una mujer por cada partido, resulta complicado e innecesario a mi parecer, si el argumento es el respaldo ciudadano.

Considero mejor que esos 95 diputados sean elegidos también entre los mejores terceros o cuartos lugares de votación del país, y así sucesivamente, para que en vez de elegir sólo 97 diputados se elijan 192 de esa manera, fórmula que ha sido probada como exitosa en la Cámara de Senadores. Así se obtiene la tan señalada representación y respaldo ciudadano, porque de otra manera sólo se confundirá a la ciudadanía; elegirlos por circunscripciones y por lista de partidos complicaría las campañas para los candidatos y la elección para la ciudadanía.

De igual forma, es una exigencia ciudadana la reducción del costo de las elecciones, y la propuesta plantea reducirlo en un 25 por ciento, aplicándose a los presupuestos del Instituto Nacional Electoral, los institutos estatales electorales del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales estatales electorales, así como al financiamiento a partidos políticos. También se propone la reducción de los altos salarios de los funcionarios de dichos órganos, topándolos en el máximo del sueldo de la presidenta de la República, como ya está establecido en la Constitución.

Consideramos acertada también la incorporación, para todo el país, del referéndum, plebiscito y revocación de mandato, que ahora se podrán aplicar a gobernadores y presidentes municipales (en aquellos estados donde no existen; en Chihuahua ya se contemplan), pues de esta manera el ciudadano ya no tiene que esperar todo el periodo de mandato del gobernante en turno para castigarlo o ratificarlo por medio de su partido, o bien para exigirle cuentas. Ahora podrán hacerlo a medio mandato.

También es buena la propuesta de reducción de regidores en todos los municipios del país, estableciendo un tope máximo de 15 regidores, pues habrá un ahorro significativo para las arcas municipales y ese dinero se puede emplear en las necesidades más sentidas de la población (donde Juárez, por ejemplo, tiene a los regidores con los sueldos más altos de todo el país). Lo mismo ocurre con la reducción de senadores a únicamente 96 en vez de 128, pues resulta innecesario contar con tantos legisladores para la democracia en un país con tantas necesidades.

Una medida positiva, y que seguramente pasará, es la prohibición del nepotismo en todo el país, para que ni familiares directos, ni cónyuges o parejas sucedan en el cargo a los gobernantes, así como la eliminación de la reelección inmediata de todos los elegidos por voto popular.

Lo mismo que la reducción de los tiempos de radio y televisión durante los periodos electorales, de 48 a 35 minutos diarios por emisora, pues a la gente no le gusta el ruido electoral. Aquí lo que hace falta son más debates y contraste de ideas, por lo que consideramos que lo que le falta a la reforma electoral es la presentación obligatoria de las propuestas y debates en la página del INE, y que se suban y difundan en sitios oficiales.

Positiva también es la prohibición de la desinformación y la guerra sucia por medio de bots, utilizados por candidatos y partidos políticos en las campañas electorales. Sin embargo, consideramos que la propuesta se queda corta, pues deberían existir sanciones que vayan más allá de las multas y que se traduzcan en la nulidad del triunfo si se comprueba la participación del candidato o partido, así como la inhabilitación del candidato para futuras elecciones.

Acertada también es la propuesta del uso de la inteligencia artificial en la revisión del gasto de candidatos y partidos, así como la prohibición del uso de dinero en efectivo, pues de esta manera se evita la inequidad en la contienda y, sobre todo, el financiamiento ilegal o proveniente de la criminalidad.

Por último, y lo que consideramos negativo de la reforma, es la eliminación del PREP o conteo rápido, pues aunque dicho conteo, como su nombre lo indica, es preliminar, sí sirve para ir dando certidumbre e informando a la ciudadanía desde temprana hora. Su eliminación crearía zozobra en los primeros minutos después de terminada la elección, por lo que considero que es innecesaria y traería más perjuicios que beneficios.

Ya está presentada la reforma electoral y ahora viene su discusión y eventual aprobación, que se antoja difícil, pues incluso los partidos aliados (PT y Partido Verde) de Morena han anticipado que no apoyarán la iniciativa (porque les quita la facultad de elegir a los plurinominales). Por ello, no se descarta un plan B que sería presentar una nueva iniciativa de ley general en vez de una reforma constitucional, pues para que la iniciativa de la presidenta se apruebe se necesitan las dos terceras partes de los votos de diputados y senadores, que Morena no tiene sin sus aliados, quienes difícilmente la apoyarán porque les quita el negocio y beneficio que representan para sus partidos los llamados “pluris”.