Ciudad de México.- La elección de jueces y magistrados, que se presume como un gran logro democrático por el gobierno de la Cuarta Trasformación, en realidad viene dando visos de ser caótica y de la inexistencia de filtros confiables que permitan validar la reputación, un desempeño profesional intachable y un expediente como servidores públicos de los aspirantes.
La elección generó alertas desde mucho antes de que se aprobara la Reforma Judicial, pero con una mayoría aplastante se dio marcha al frente al proceso y ahora lo que antes se consideraba un riesgo eventual se ha convertido en una realidad.
Se avizoró la intromisión del crimen organizado; se advirtió de la presencia de perfiles cuestionados, pero a pesar de todas las alarmas que se encendieron se dio marcha al frente con el proceso y de inmediato quedó demostrado que muchas de las personas no reúnen los requisitos mínimos para ocupar la titularidad de los juzgados, las magistraturas y los sillones principales de la Suprema Corte de Justicia.
Para donde se voltee se aprecian las fallas del sistema, las manos gubernamentales que impulsan candidaturas, la intencionalidad por darles paso a personajes de dudoso pasado y de presente conflictivo.
Si a nivel nacional hay dudas sobre las capacidades e independencia de personajes como Yasmín Esquivel, Lenia Batres o Loretta Ortiz Ahlf, actuales magistradas candidatas y las más sonadas para ocupar la presidencia del Poder Judicial, en las entidades tampoco hacen malos quesos y los perfiles que se presentan ofrecen muy poco y generan muchas dudas.
Hay casos como el de Nicollino Cangiamilla, ex director del sistema estatal penitenciario en Sonora que dejó el cargo en medio de un escándalo por la muerte de una joven mujer que ingresó al Cereso de Hermosillo en horas que no son de visita, sin identificación y que de pronto fue entregada muerta a sus familiares. El caso está en proceso de investigación.
El mismo Nicollino Cangiamilla nunca pudo explicar como en el Cereso de Ciudad de Obregón dos decenas de internos se intoxicaron por el consumo de drogas y uno de ellos perdió la vida por una sobredosis.
Otro caso es el de Octavio Grijalva Vázquez, quien aspira a ser magistrado del Tribunal Electoral de Sonora, pero en su trayectoria profesional existen muchos argumentos que serían suficientes para no considerarlo.
En 2013, Grijalva Vázquez se desempeñaba como visitador itinerante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al mismo tiempo se convirtió en el abogado defensor del femenicida hindú Sing Siddhart, quien asesinó de manera violenta a la joven Priscilla Hernández Guerra, en hechos sangrientos que ocurrieron en Bahía de Kino.
El problema no fue que defendiera al asesino, lo que marcó el caso es la presunción de tráfico de influencias para que se presionara al juez que dictó auto de formal prisión al feminicida; Grijalva Vázquez se valió de una profunda amistad con Miguel Padrés Elías, hermano del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para que el asesino fuera liberado.
Ahora toca al senador Javier Corral decidir si este perfil es el adecuado para estar en la impartición de justicia electoral.
Casos como los anteriores, que solamente son botones de muestra, abundan por todo el país; el problema grave es que los ciudadanos simplemente ignoran sus antecedentes y no tienen idea de que lo hecho en el pasado debe pesar mucho al momento de sufragar.
Lo que viene demostrando el proceso de elección de jueces y magistrados es que se obviaron las capacidades y se privilegió lo pueril, los perfiles que intentan ser populares con ignominiosos anuncios, con sensuales poses y cortos vestidos.
No dude usted que a pesar de los intentos de organizaciones sociales por alertar sobre estos perfiles, de los reportajes y publicaciones que aparecen en los medios de comunicación mostrando lo que estos personajes intentan ocultar; al final de cuentas alguno de ellos se puede “colar” y ocupar uno de los cargos en disputa; esto no solamente será una burla para el sistema de justicia, también es un evento que se vuelve oprobioso para los miles de trabajadores dentro del Poder Judicial que en base a sus méritos y extensas horas de estudio lograron aprobar los exámenes para ir ascendiendo en el escalafón con base exclusiva en sus méritos y capacidades.
Eso es lo que nos ofrece la Reforma Judicial, rebajar el nivel de los impartidores de justicia, privilegia personas de dudosa honorabilidad, prioriza la popularidad por encima de la capacidad y lo peor expone a todo el sistema de impartición de justicia a ser rehén de políticos en el poder o, peor aún, de grupos criminales que impulsan a los suyos para ir construyendo esa puerta giratoria que termine por facilitarles la salida de cualquier problema legal.