-No pudo con amenazas la síndica
-Filones en Grupos Vulnerables
-Los casquillos desaparecidos de Carichí

“¿Qué porquería de persona tienes que ser, para robarle a gente que tiene gente internada en el IMSS?”, se cuestiona el doctor, Carlos Iván Rivera, al hacer un pequeño recorrido en la calle Ortiz de Campos, la que está detrás del concurrido Hospital Morelos.
Filmado a finales de marzo, el material que puede verse en la edición digital de GPS -subido originalmente a la plataforma Tik Tok- es el referente más claro de una queja constante por falta de seguridad en la zona, a pesar de que los armados y peligrosos agentes de la Policía Vial ahí se la pasan, especialmente cuando deben completar la cuota de multas para entregar a sus superiores.
El médico indica que en apenas media cuadra, encontró evidencia de tres cristalazos dados a vehículos que, muy seguramente, eran de familiares que van a cuidar o a visitar a sus pacientes; al salir se encuentran con la costosa y desagradable sorpresa de que les robaron cualquier cosa que hayan dejado en el interior de sus autos.
El doctor, y creador de contenido digital, hace el llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector, desde el punto de vista de un trabajador de la salud sensible a las necesidades de esas personas que por necesidad deben estacionarse en los alrededores del nosocomio, generalmente abarrotado.
Pero empleados del IMSS nos comparten el material con una crítica extra. Cuestionan que los agentes viales van no una ni dos sino a veces hasta decenas de veces al día para multar a quienes se estacionan en cualquier hueco por toda la Ortiz de Campos.
Los mismos policías, aseguran, han confesado en corto que a veces van cuando les falta completar la cantidad de multas que deben reportar al día; otros, más descarados, han sido visto en actitud de cazadores, a ver qué pueden sacar de los automovilistas con la amenaza de una multa.
Curiosamente, ninguno de los agentes viales y tampoco los policías municipales se han percatado de los raterillos y malvivientes responsables de los cristalazos, cosa de todos los días que también deben padecer los de por sí sufridos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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Andan muy peleados y con acusaciones fuertes los morenistas en Madera, al grado que orillaron a la separación momentánea -seis largos meses fuera de nómina- de la síndica municipal, Cinthia Joana Caraveo Lechuga.
Pero no esperaban que, al solicitar licencia, en la pasada sesión de Cabildo, encendió la síndica un cuete a sus correligionarios, empezando por el alcalde Arnoldo Jaquez Pérez, con señalamientos de amenazas al interior de la administración, como razón para separarse del cargo.
No le puso el cascabel al gato la síndica, detallando la acusación, pero al hacerla extensiva y general, el saco cayó sin excepción en todos sus compañeros de partido, tanto del cabildo como de la administración municipal, por lo que debieron salir a tratar de deslindarse alcalde y regidores.
Estos últimos arremetieron directo a la yugular, por las declaraciones realizadas en la sesión número 15 del dos de abril pasado, exigiendo pruebas o denuncias ante las autoridades correspondientes.
Piden no solo que aclare lo de las amenazas, poniéndole nombre y apellido a las acusaciones, sino que presente pruebas, o se retracte, siguiendo la misma línea del alcalde, que también quiso lavarse las manos, pero el golpe estaba y está dado.
La retaron a que, en respeto a la legalidad, la transparencia, y el debido proceso, emita un posicionamiento público en el que, con fundamentos claros y pruebas, “acredite si dichas amenazas provienen de algún integrante de esta administración…o que se deslinde públicamente de cualquier señalamiento hacia esta administración”.
Por supuesto, si las intimidaciones son algo más que intrigas políticas tendría que entrar la Fiscalía General del Estado, con César Jáuregui al frente, para averiguar qué pasa -en una zona con fuerte presencia de grupos del crimen organizado-; o si son los manejos de los dineros, tendría que asomarse la Auditoría Superior del Estado, con Héctor Acosta.
Mínimo, es chamba de Brigitte Granados, la presidenta estatal del partido, que meta orden, por la falta de institucionalidad y el juego rudo de los grupos; no vaya a ser que la suplente, Elizabeth Soto Bustillos, tampoco aguante la presión o, bien salga el peine si es parte del origen de las amenazas, para quitar a la propietaria.

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Dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano deben afinar el procedimiento para recibir documentación de personas afectadas por alguna discapacidad, que durante días estuvieron haciendo filas interminables en la avenida Agustín Melgar y casi Tecnológico.
Nos dicen que en algunos casos la espera fue de horas, aunque afortunadamente la mayor parte del tiempo sentados.
Muchos de ellos adultos mayores, debían caminar bastante para ser atendidos dentro del bodegón que comparte ubicación con las oficinas del Servicio Postal Mexicano.
Tenemos imágenes en versión digital de la fila, y los esfuerzos del personal por atender a los cientos de personas que llegaron en busca de entregar documentación para apoyos, y que criticaron que ya parecen las kilométricas filas del Bienestar, no solo en las lastimosas y escasas sucursales del banco, sino también en la delegación, donde en días pasados padres de familia daban la vuelta a la manzana, allá en la Pacheco.
Hay alguien por ahí en la estructura de Grupos Vulnerables que necesita jalón de orejas para mejorar atención e incluso buscar nueva ubicación para prestar el servicio, con estacionamiento adecuado, que evite riesgos a personas en vulnerabilidad.

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En el reciente ataque a cuatro casas de Carichí, llamó mucho la atención que los enviados de la Agencia Estatal de Investigacionesn (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública, y el mismo Ejército, no hayan encontrado casquillos.
Y es extraño porque de manera evidente las viviendas de adobe lucen los estragos de múltiples disparos de arma de fuego. Tenemos las imágenes en edición digital.
Puede ser un errorcillo o bien, el peculiar caso de que hayan sido recogidos uno a uno los casquillos que las armas arrojan al disparar.
También ha de ser línea de investigación, que casas en buen estado -antes de ser incendiadas por el comando armado- estén abandonadas, una en las calles Ojinaga y 13, dos más en el Barrio Chino y otra en la 17 e Independencia.
Lo que es cierto es que es de horror lo que vivieron los pobladores del lugar, por la cantidad de balas disparadas, de lo cual dan testimonio los muros de adobe, que permanecieron de pie después del fuego de sus techumbres y lo que tenían dentro.

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Con escepticismo escucharon los agricultores el apoyo anunciado por la Presidencia de la República, por 83 mil millones de pesos a nivel nacional.
Es poco, muy poco, distribuido entre 750 mil productores en el país, durante cinco años. Les tocará a cada uno algo así como 22 mil pesos al año.
Los recursos vendrían a impulsar la agricultura dentro del plan para alcanzar una autonomía alimentaria.
El programa, ya en el detalle, pretende destinar inicialmente una bolsa de 53 mil millones este año, para beneficiar 300 mil agricultores.
Aquí en Chihuahua, lo poco que pueda destinarse caerá en tierra infértil por la falta de agua para sembrar.
No hay definición concreta de los recursos que llegarán a la entidad, pero ven los que saben del tema que son menos que una mejoral, con un ingrediente adicional.
Es un préstamo, no son recursos a fondo perdido, subsidio o beneficio directo, es un crédito formal, por el que habrá que pagar.
La tasa de interés será del 8.5%, a través de FIRA, que son los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
Así es de que, si los campesinos pensaron que tendrían una bocanada de aire fresco, aunque fuera de unos pesos en promedio, pues no será así.