-Hasta muertos cargan jueces candidatos

Acostumbrados a estar encerrados en sus tribunales, sin rendir cuentas a la sociedad y mucho menos ofrecer explicaciones sobre sus sentencias y resoluciones, ahora vemos un espectáculo de juzgadores ansiosos de atraer reflectores, presentándose en la primera elección en la historia del Poder Judicial del Estado.
Postulados para ser jueces y juezas de primera instancia o magistrados y magistradas en materias penal, familiar y civil, algunos cargan hasta con muertos sobre su espalda y sus conciencias; otros son un subproducto de aquella impúdica manipulación política del peor periodo de gobierno de Chihuahua, el de Javier Corral, que hizo una tramposa y corrupta renovación en los juzgados para acomodarse a un montón de jueces domesticados.
También hay otros que provienen de tiempo atrás, impuestos de la misma forma por necesidades del poder político en turno, en procesos igualmente manipulados por el influyentismo, el compadrazgo y el amiguismo que han marcado la historia de la judicatura.
Es risible, a pesar de la tragedia del aparato de justicia sometido a la renovación, ver que ahora sí dan la cara a la ciudadanía mediante sus redes, la mayoría con escasa interacción. Ahora sí quieren entrevistas en los medios y ofrecen explicaciones que antes se negaban a dar, con la vieja, gastada y obtusa idea de que los jueces deben hablar únicamente con sus sentencias.
Hoy aparecen ofreciéndose, sin vergüenza alguna, como personas justas, con la debida capacidad profesional y la suficiente sensibilidad social que demanda un proceso de elección popular.
Si bien un proceso abierto a la ciudadanía no mide el grado de preparación para tan importante labor de administrar justicia, sí representa un indicador de su nivel de conocimiento de las realidades sociales, esas que chocan en las puertas de sus juzgados, esas a las que rara vez les han abierto la puerta.
Mueve a la risa verlos tan afanosos en hacer lo que nunca han hecho, escudándose en su preparación profesional que, según algunos, hace indigna la tarea de salir a pedir el voto; y es hasta penoso escucharlos amenazar a quienes se atreven a cuestionar su trayectoria y resoluciones.
Sí, lanzan amenazas en reuniones dizque secretas a quienes se atreven a mencionar los antecedentes que les incomodan, todo porque no acaban de aceptar que siempre han estado en una vitrina pública, como cualquier otro funcionario, pero antes cerraban los ojos a la realidad existente fuera de sus cómodas oficinas y tribunales.
***
Esos juzgadores, y otros que aspiran a serlo, pretenden denunciar por violencia política de género -en el caso de las mujeres- a quienes se atreven a exhibir sus resoluciones tomadas en el pasado. O, mínimo, quieren impedirles el sano ejercicio de la crítica, limitarlos a que sólo hablen de su supuesto profesionalismo.
Imposible acotar las campañas a reseñar los perfiles académicos y laborales de candidatas como la jueza Sylvia Padilla Chávez, quien decidió poner en libertad al presunto violador de una niña de siete años de edad, Ubaldo Rigoberto D., el 18 de julio de 2023.
Fue un caso que dejó perplejas a las víctimas y a los agentes del Ministerio Público que presentaron al acusado para ser procesado. Con el alegato de un supuesto error atribuible al mismo aparato judicial del que Padilla Chávez es parte, actuó más como defensora de oficio del presunto que como jueza.
Hostil y violenta, así la catalogaron quienes pretendían evitar que liberara al agresor de la niña, a la que dejó sin justicia con rebuscados argumentos jurídicos, para luego escribirle una inútil cartita a la menor, machacándole que el delito existió, que la lastimaron, pero que ninguna autoridad, incluida ella, fue capaz de aplicar la debida sanción al criminal que liberó.
Otra candidata, en este caso a magistrada, Daniela Arali Torres Porras, fue parte del Tribunal de Enjuiciamiento que determinó dar una pena mínima a un policía acusado de feminicidio, en una sentencia que terminó siendo revertida en una instancia superior.
Otra más, Lucero Moreno Navarrete, también jueza y ahora aspirante a magistrada, fue parte del tribunal que exoneró a Iván Arturo G.P del asesinato de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus, tras desechar más de un centenar de evidencias aportadas por la parte acusadora.
También mujeres, María Cristina del Rosario Berjes Cardoso y Karla Otero Monárrez, ambas aspirantes a seguir como juezas penales, son quienes optaron por considerar no probado el feminicidio de Myrna Iveth Zubiate Ramírez, una joven de 19 años, y sentenciar a su asesino Víctor Manuel A.F, con una pena menor por homicidio, a pesar de montones de evidencia acumulada de que el crimen fue por razones de género.

***
En la cancha de los hombres, desde luego, no hacen malos quesos en materia de injusticias inexplicables del ayer, que hoy los persiguen, cuando ellos persiguen -quién sabe con qué cara- el voto de la ciudadanía.
El juez Rodolfo Romano Hernández, quien pretende mantenerse en el cargo, dictó en 2020 la liberación anticipada a José Raymundo Quezada Sandoval, sentenciado a 60 años de prisión por el terrible asesinato de la joven Paulina Luján Morales, registrado en 2007.
La resolución que condenó al homicida terminó siendo reducida al mínimo: la libertad y el pago de 35 mil pesos para reparación del daño. Sí, en esa cantidad tasó la vida de Paulina. ¿Explicará eso a sus electores cuando sale a pedir el voto? Nunca lo hizo, quizás ahora apuesta al olvido.
Otro botón de muestra es el juez César Alejandro Carrasco Borunda, acusado públicamente en enero de 2024 de actuar de forma machista y favorecer a presuntos violadores y abusadores, en el Distrito Judicial Abraham González, con sede en Delicias.
Uno más envuelto en las polémicas de las decisiones jamás explicadas de la justicia es Erick Salvador Nevárez, integrante del tribunal que en 2023 ordenó la liberación de Enrique L. A., “El Cumbias”, cabecilla del Cártel de Sinaloa, acusado de la masacre de Creel de 2010. Ocho muertos y una tonelada de evidencia no fueron suficientes para condenarlo.
La potencial pena acumulada contra el narcotraficante era de 200 años, pero ese tribunal del que formó parte junto con otros jueces -que al menos ahora no se postulan en la elección- lo declaró inocente. La sentencia fue revertida tiempo después y “El Cumbias” cayó por su propio peso, no tanto porque las autoridades estuvieran muy preocupadas por volverlo a detener.
Otro más es el juez familiar Pablo Carmona Hernández, quien no había entrado en la lista de candidatos hasta que la autoridad electoral forzó su inclusión. En 2022 se negó a darles medidas de protección a una menor y a su madre, quien había sido víctima de abuso sexual y violencia doméstica.
Acusado de favorecer al agresor en este caso que sí ponía en riesgo la vida de dos mujeres, Carmona cargaba con una denuncia penal desde 2017, pero la Fiscalía, lenta y deficiente como es, nunca procedió.
***
En otro apartado está el caso de la jueza Alejandra Ramos Durán, cuya inclusión también fue forzada por la autoridad electoral a última hora. Su nombre como juzgadora de consigna del corralato quedó en la historia por la muerte de un reo, José Lázaro Joaquín López, quien falleció de Covid porque no le autorizó su traslado a tiempo a un hospital. Estaba acusado sin sentencia por el crimen de ser duartista.
Ramos Durán no tuvo la vergüenza que mostraron otros juzgadores que declinaron su participación en la contienda, tal vez por estar en desacuerdo con la reforma judicial o por no tener cara para salir a pedir el voto de la ciudadanía.
Al lado del camino quedaron jueces como Nora Aída Espino, muy dada a pasarse de amable con sicarios o liberar a presuntos feminicidas; Alexis Ornelas, favorecedor del corralato y también con la maleta cargada de presuntos violadores y estafadores que dejó en libertad de forma inexplicable; y Fabián Rodolfo Sáenz, de la misma tijera, pero con la carga a cuestas de narcomenudistas y de un misógino actuar con las abogadas.
Si el surrealismo que envuelve a la reforma judicial no fuera suficiente, aquí están estos juzgadores como parte del circo que tiene como fin sacudir los cimientos políticos del aparato de justicia.
Sus antecedentes hacen difícil que los ciudadanos enterados e informados voten por ellos, así como difícil será que las personas salgan a votar a un proceso batido desde sus inicios, lleno de fallas, simulaciones y deficiencias, cuyos resultados serán igual de confusos que el proceso.
Conforme avance la elección, será también importante revisar a fondo otros perfiles de litigantes, no nada más de los que hoy aparecen entusiastas tras el voto, como Lulú Ríos con atractiva vestimenta o Linda Regalado, protagonista de impublicables videos que circulan en grupos de WhatsApp como parte de la inevitable guerra sucia; también los que están envueltos en polémicas por sus casos en que han actuado como defensores o acusadores.
Por mientras, reflexionemos que algunos de los juzgadores candidatos son tan deficientes como el mismo proceso de renovación del Poder Judicial, expuesto como nunca a la incertidumbre política.