Al Prof. Fidel Alonso González Glez., ejemplo de integridad y trabajo en favor de los demás; su legado permanecerá como ejemplo a seguir por quienes tuvimos el privilegio de conocerlo.

Los comentarios que se han vertido respecto de que no existe quórum en el TSJ para designar a quienes se encargarán de la administración del tribunal forman parte de las luchas por mantener el control de los recursos. Pero basta con hacer un recuento de quienes solicitaron el año prejubilatorio para darse cuenta de que, con los que quedan, se alcanzan los 16 escaños necesarios para su designación. Se requiere contar a los magistrados de la primera, cuarta y sexta sala civil, cuarta familiar, y la magistrada de Parral. De nombrarse, tendrán que ser ratificados por los magistrados entrantes y, como no existe una total mansedumbre, se pueden presentar obstáculos —todos salvables—. Finalmente, quien los invitó cumplió con sacar adelante sus candidaturas.
La dignidad de una persona no termina con su muerte; este valor continúa hasta que es devuelto a la tierra o, cuando es cremado, transformado su cuerpo en cenizas. Aun así, sigue generando respeto con su íntegra dignidad.
Con la ola de asesinatos protagonizada por el crimen organizado a partir del año 2007 y hasta el 2012, de manera exponencial en la fronteriza Ciudad Juárez, el surgimiento de negocios funerarios también se vio al alza por el incremento en la demanda de ataúdes y servicios de cremación para atender la necesidad urgente.
Las funerarias que, con tradición, ofrecían sus servicios no generaban duda sobre la efectividad de lo que ofrecían. El respeto en el trato y la empatía en las acciones que desarrollaban también eran distintivos que las hacían merecedoras de la confianza de los deudos, al buscar, en la despedida de sus seres queridos, el mejor trato posible con respeto y dignidad.
La relación con la principal abastecedora de cadáveres, como lo es la Fiscalía General del Estado, y las empresas funerarias se vio fortalecida por la competencia, al grado de que quien proporcionara la primera información sobre algún fallecimiento y los datos de sus familiares podía recibir una gratificación en efectivo por parte de la funeraria al concretarse el contrato de servicios.
Más adelante, en plena pandemia de COVID-19 a partir del 2020, nuevamente la muerte de personas se convirtió en el negocio más rentable para las funerarias. Las autoridades encargadas de las medidas sanitarias se relajaron por completo al no tener la obligación de presentarse a realizar sus revisiones, debido a la alta contaminación y al contagio al que se exponían. Directamente desde los hospitales se entregaban los cuerpos a las funerarias, quienes se encargaban del llenado de formatos, recababan documentación y trasladaban los cuerpos a los crematorios, sin recibir ningún tipo de supervisión. La cantidad de cadáveres superó la capacidad de atenderlos con la dignidad obligatoria.
Esta práctica se ha mantenido incluso después de superada la pandemia. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios jamás volvió al ritmo de supervisión que había tenido en sus inicios, concretamente en lo relacionado con las funerarias. Finalmente, como no se presentaban quejas de usuarios, se pensaba que todo funcionaba adecuadamente.
Como consecuencia de este libertinaje protagonizado por las funerarias, los excesos se desbordaron. Las quejas surgieron; comenzaron las revisiones, donde se expuso una cantidad increíble de cadáveres apilados como tablas, mantenidos durante meses e incluso años sin ningún respeto. Para los empleados, eran despojos, no cadáveres ni cuerpos que debieran ser tratados con dignidad y respeto.
Las primeras declaraciones de Juan Manuel Salas, fiscal de la zona norte, y del propio fiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno, fueron que no había delito qué perseguir.
Mientras tanto, Carlos Tarín, comisionado de COESPRIS, asegura que la documentación del crematorio está en regla, pero no menciona que jamás ha sido inspeccionado por la dependencia.
Hoy se tiene el dato de que se han encontrado 383 cadáveres, y que menos de 20 han sido identificados.
La CEDH ha estado presente con cada una de las familias que reclaman la identificación de sus fallecidos, aunque no se tiene la certeza de que uno de los 383 sea el que se busca.
Ojalá que esta afrenta que el Gobierno del Estado ha hecho en contra de estas familias —que recibieron piedras, basura y tierra en lugar de las cenizas que esperaban— pueda terminar pronto. Y que finalmente los deudos, en lugar de ser revictimizados, puedan recibir las verdaderas cenizas de sus seres queridos… ojalá.
Sarampión: cuestión de vida o muerte
Tuvo que intervenir la gobernadora Maru Campos ante la SEDENA para que se apoyaran las campañas de vacunación, ante la incapacidad manifiesta del titular de la Secretaría de Salud, el licenciado en Derecho Gilberto Baeza Mendoza.
El problema se originó con la gran movilidad que presenta la comunidad menonita, que por cuestiones religiosas no acepta ser vacunada. Pero el respeto hacia unos termina cuando se invaden los derechos de los demás. Tal vez ese fue el fundamento para que el titular —máster en Derechos Humanos— decidiera no convocar a las enfermeras institucionales, ni realizar el cerco sanitario, ni vacunar a todos.
Estas omisiones han costado vidas que ya son irremplazables. De tal forma que ya tenemos a nuestro Gatell chihuahuense, pero licenciado en Derecho… y no médico cirujano y partero.
Abogado postulante. Miembro de la FEMECA, FECHCA y AECHIH.