-Andrea Chávez, la senadora morenista, aceptó recibir “donaciones” empresariales ¿de quién?
-El PAN la denunciará en medio de una tanda de “espectaculares” de sus propios aspirantes
-El líder de los diputados morenistas se suma: Que se investigue
-Corral huye de sus fantasmas encarnados en sus compadres del pasado
Vaya sorpresas que les deparó la vida, en la semana que termina, a dos de los más destacados exponentes de Morena, ambos senadores, llegados a ese cargo por las vías preferentes que el partido en el gobierno ha usado para proveerse de sus representantes en todos los ámbitos gubernamentales; una, Andrea Chávez, fundadora de Morena, y el otro, Javier Corral, luengo militante del PAN, en el que fue dirigente estatal, consejero nacional, diputado local, federal, senador y gobernador.
Por la importancia implícita de los hechos publicados por Latinus, en relación a la campaña político-electoral de la senadora Andrea Chávez, seguramente serán los que ocuparán lugares preferentes -los ocupa- en la discusión pública; en cambio, la zacapela entre el empresario Eduardo Almeida y el exgobernador Javier Corral, devela -por si faltaran elementos- de peor manera, no solo las características personales de este político, sino las de la 4T, a la cual se sumó alegremente, en pos de los numerosos espacios que esta fuerza otorga a todos los políticos que se le sumen, sin importar pasado, antecedentes, ni querellas con Morena, aquí les hacen una profunda limpieza.
Un aspecto, aún más importante que todo lo anterior, es que ambos personajes mostraron una cosa aún más preocupante: El profundo desprecio al estado de Derecho, a la legalidad vigente, al marco electoral; como lo hiciera a lo largo de su sexenio López Obrador y, ahora, la presidenta Sheinbaum.
Ellos, los morenistas, son los que deciden si los jueces o los tribunales tienen razón en sus fallos.
De ahí el enorme irrespeto a las leyes, como en el presente caso de la senadora y, como ocurrió hace unos meses, cuando el gobierno de la CdMx efectuó todo lo necesario para impedir la aprehensión de Corral.
¡Pero vaya sorpresa que le deparó el equipo de Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola, a la senadora Andrea Chávez, al dar a conocer el monto de las supuestas ‘donaciones’ y el nombre del empresario, dueño de la empresa propietaria de los camiones de la ‘caravana de la salud’, llevados por la legisladora a los lugares en que ha efectuado una intensa actividad, ofreciendo servicios cuyo costo mensual asciende a 10 millones, según el reportaje publicado el 18 de marzo!
A la mañana siguiente, en el noticiero de Azucena Uresti, la senadora panista Kenia López Rabadán la cuestionó ásperamente y le preguntó insistentemente quien financiaba esa actividad.
Las respuestas de Andrea cimbraron al mundo político-periodístico -del país y de Chihuahua-, por su cinismo, por la soberbia mostrada y por la absoluta falta de respeto a la legalidad vigente.
Andrea dijo que los «empresarios de Chihuahua» habían financiado el costo de las caravanas de ‘los servicios de salud’ a los chihuahuenses.
Si la aplicación de la justicia, y los tribunales electorales, en primer lugar, porque también los de carácter penal podrían fincarle cargos, se hiciere conforme a la legalidad vigente, la senadora podría enfrentar a los tribunales, a los que debería responder por el monto, origen y destino de los recursos económicos recibidos para sufragar su costosa campaña, orientada a ‘posicionar’ su nombre e imagen en el electorado chihuahuense, en busca, como lo ha sostenido reiteradamente, de la gubernatura.
Porque podrían fincarle cargos por enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencia, asociación delictuosa, promoción personalizada, ilegal y conflicto de interés.
Aspecto central de las múltiples reformas electorales desde fines del siglo XX fue el de impedir, a como diera lugar, el financiamiento ilícito de las actividades electorales, proviniera del ámbito privado (empresarial) o del público, y en el caso del primero, para impedir que el crimen organizado lo hiciera.
¿Podría proporcionar los nombres de los empresarios chihuahuenses, que le financian las ‘caravanas de la salud’, para que no pensemos que a lo mejor por ahí vienen mezclados recursos procedentes de las bandas criminales?
¿Cómo podríamos descartar que así ocurriera?
¿O, por otra parte, demostrar que no vienen del cobro de “moches”, de los contratos otorgados por gobiernos de Morena -o de la Cámara de Senadores- a las empresas de Fernando Padilla Farfán, amigo personal del líder Adán Augusto López Hernández?
La senadora Andrea Chávez dijo que no es una, sino cuatro las caravanas que circulan con su imagen desde hace 2 años.
Peor, no hay registro de ‘donativo’ alguno a la senadora.
¿Podría la senadora, dar a conocer, no solo los montos del costo de esos servicios, sino los contratos?
El problema es que, siguiendo el hilo de sus declaraciones, los tribunales electorales, puestos en ese trance, tendrían que sancionarla por el uso de recursos ilícitos para su promoción personal y, si aplicaran las sanciones correspondientes, estaría imposibilitada a participar en cualquier contienda electoral.
Sí, tiene fuero, no se le podría iniciar proceso penal o administrativo alguno, a menos que sus compañeros -¡No, ni pensarlo, cierre usted la boca!!- ¡La desaforaran!, pero en el ámbito electoral el fuero no la exime de las restricciones que el marco electoral -todavía vigente- establece.
De ahí la preocupación planteada líneas arriba. El problema es que los de enfrente no cantan mal las rancheras.
¿Quién paga los espectaculares colocados en Juárez y Chihuahua, en los que hipotéticos medios de comunicación publicitan sendas entrevistas con políticos de Morena y del PAN, coincidentemente aspirantes a alguno de los mayores cargos públicos en el estado?
¿De veras creen que esos medios pagan los anuncios para publicitar las supuestas entrevistas con ellos?
Y si así se comportan los presuntos abanderados de las dos principales fuerzas políticas en el estado, acudiremos a una contienda electoral -la del 2027, ya presente en este momento- “a navaja limpia”, sin reglas y sin árbitros y en las cuales circulará el dinero ilegal.
No sólo la 4T, sino también los partidos de oposición, habrán contribuido grandemente a regresarnos a los 60’s y 70’s del siglo pasado.
La dirigencia estatal del PAN ha anunciado que presentará una denuncia en contra de la senadora Chávez, haciendo a un lado que muy destacados integrantes de ese partido efectúan, con otras maniobras, cosas semejantes, como aquí lo hemos referido en los casos de los alcaldes Marco Bonilla, de Chihuahua, o Jesús Valenciano de Delicias, o ahora del secretario estatal Rafael Loera.
Y en el caso de los morenistas, además del de Andrea, el del alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar; ya solo falta que aparezcan los de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar que, se dice, también suspira por la silla de Palacio de Gobierno.
Porque al “ruido” provocado por los ‘camiones de Andrea’, se agregó otro, el de las sordas disputas internas en Morena por la candidatura a Gobierno del Estado, razón por la cual en los corrillos políticos, y no solo los morenistas, se explica la postura de Cuauhtémoc Estrada, líder de los diputados locales (prácticamente todos alineados con Montiel) de coincidir con el líder de los panistas, Alfredo Chávez, en la exigencia de que se investiguen los hechos cometidos y aceptados por Andrea.
«A nadie le hace mal que esas cuestiones se diriman, que esas controversias se aclaren”, mencionó Estrada Sotelo, quien dijo, además, que cualquier indagatoria por parte de la autoridad deberá ser llevada con total apego a derecho».
No es lo único, el Comité Estatal de Morena, dirigido por Brighite Granados, no tienen una postura sobre los ‘camiones de Andrea’.(Nota de César Lozano T., El Diario, 20 Mar 2025).
Sorprende el cinismo, la soberbia y la demagogia de la senadora morenista:
«Mi delito: llevar doctores y enfermeras a todas las colonias de Chihuahua, es decir, hacer el trabajo que ellos (los panistas que gobiernan Chihuahua) no pueden o no quieren hacer».
«Les molesta que tengamos una buena relación con el empresariado chihuahuense, que ya está harto de los panistas, de sus moches, de sus adjudicaciones directas para los amigos y de los más de trescientos millones de pesos en contratos que se llevó el esposo de la gobernadora».
Según la ley, la promoción de su nombre e imagen califica como promoción personalizada y está prohibida.
Y como en todos los casos que hemos abordado aquí, la incongruencia de los protagonistas de la 4T se hace presente:
De prueba está la publicación en el entonces Twitter donde la senadora expresaba, el 30 de noviembre de 2019, que celebraba «tener un Presidente (AMLO) que se deba a la gente y no a los grandes empresarios que financian campañas millonarias».
La culpa no es de ella, sostiene Andrea, sino del periodista que publicó el reportaje, o de Maru Campos, que, dice, le pagó a Loret, para que comprara otro departamento!
«Que sea transparente y rinda cuentas», le respondió la gobernadora.
En tanto, los compadres del pasado asaltan a cada momento al exgobernador Javier Corral.
¿De él qué más se puede decir? A cada paso se encuentra con su pasado, traición mediante y que, para su desgracia, se le aparecen para cobrarse las afrentas, ya sean políticas, o financieras, o ambas.
Pero no puede enfrentarlas solo, se cubre con el manto -como tantas veces lo dijo- de la impunidad, la corrupción y los privilegios de la clase política, de los que nunca se ha alejado.
Y lo hace, corriendo, huyendo, protegido por los escoltas asignados por Morena para su protección.
¡Híjole! ¿Cuánto nos falta por ver?
Andrea y Corral, dos caras de la misma moneda, la de Morena.
