-No van invitar senadores al “narcogobernador”
-Caso narco laboratorio, la clave está en las minutas
-Sorpresa de Cruz en la Torre Legislativa

Un fiscal federal de Estados Unidos y el administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Jay Clayton y Terrance C. Cole, dieron a conocer ayer una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de ese estado por delitos de tráfico de drogas.
El proceso de la justicia estadounidense llegó justamente cuando empieza a enfriarse, tras más de una semana, la campaña federal y de Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el operativo contra un narcolaboratorio que acabó por exhibir la cada vez más evidente intervención norteamericana en México; en todo México, no sólo en Chihuahua.
Por los tiempos, no es una mera casualidad. En los últimos días, la 4T tomó a la mandataria estatal como tiro al blanco por esa operación en el municipio de Morelos, pero a Estados Unidos ni con el pétalo de una rosa.
Además, jamás hubo explicaciones de la labor que podrían hacer agentes norteamericanos en México, en particular de la Agencia Central de Inteligencia.
Ahora sabemos qué hacían. O cuando menos podemos suponer que, en la búsqueda de evidencias para sustentar una acusación formal ante una corte de Estados Unidos, debieron penetrar estructuras del Cártel de Sinaloa dentro y fuera de su país.
Ahora, la administración federal enfrenta una crisis con dos gobernadores acusados, pero las acusaciones son diametralmente opuestas: a Campos le achacan haber permitido una incursión de la CIA en una operación antidrogas (contra el Cártel de Sinaloa) todavía no esclarecida; a Rocha Moya, la agencia antidrogas de EU lo acusa legalmente de narcotráfico (a favor del Cártel de Sinaloa).
Claramente hay diferencias de fondo. Y haber inflado el caso de “traición a la patria” o “violación de la soberanía” contra Maru, en vez de haber hecho una investigación profesional y conjunta con el Gobierno del Estado, un escándalo de verdaderamente serias dimensiones le estalla como bomba a la Federación.
“Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa...”, dijo el jefe de la DEA al anunciar su acusación ayer.
Mensaje clarísimo y golpe demoledor para Palacio Nacional y sus felices jilgueros en el Congreso de la Unión. Sin duda jamás imaginaron el revire aunque el sentido común les debió avisar.

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Por cierto, suponemos que los senadores morenistas, muy preocupados por la soberanía nacional, no van a invitar al mandatario a una reunión de trabajo, sino que desde tribuna habrán de defenderlo porque él sí protege a la patria.
Además, precisamente uno de esos senadores de Morena, Enrique Inzunza Cázares, también está acusado junto con Rocha Moya de narcotráfico.
Y en la sesión del pasado martes en el Senado, fue de los oradores en relación “a las violaciones graves a la Constitución, perpetradas por la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua”. Otro búmeran, del que dejamos constancia en GPS versión digital, con su participación posteada en sus redes sociales.
Veremos qué responde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en su Mañanera de hoy; veremos si el Gobierno Federal le dice que no a Estados Unidos ante una petición de captura con fines de extradición; veremos si aquí en México podrían Rocha Moya e Inzunza enfrentar la justicia o ser protegidos por la 4T, con el argumento de defender la soberanía.
Giro radical de agenda. De ejecutores pasaron a la guillotina, como en aquellos tiempos de la revolución francesa.

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La planeación y el acuerdo de acciones conjuntas es una de las funciones centrales de las reuniones regionales de seguridad, que todos los días tienen lugar, con asistencia de representantes de los tres niveles de gobierno, y una reglamentación rigurosa.
El sistema está diseñado no sólo para revisar lo ocurrido, con los informes rendidos por cada uno de los asistentes, sino para concertar la colaboración futura entre las distintas fuerzas de seguridad.
Ahí están presentes las instituciones de seguridad federales (Sedena, Semar, Guardia Nacional), estatales y municipales para llegar a la definición de acciones concertadas, plasmadas en minutas que son testigos mudos de dichos acuerdos.
En dicho Reporte de Acuerdos hay registro numerado con descripción clara de la acción a realizar, las instituciones responsables de ejecutar cada acción y el tiempo de cumplimiento establecido para dichas tareas.
Inclusive hay -o debiera haber- intervención del Consejo Nacional de Inteligencia por medio del representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la cual depende el Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al desaparecido Cisen. Nadie lo inventa, ahí está el Manual Técnico de las Coordinaciones.
Luego entonces, ahí en esas minutas, tendrá la Fiscalía General de la República el elemento principal para fincar responsabilidades a las autoridades de Chihuahua, en la indagación del mega laboratorio destruido y el fatal desenlace de los agentes de la CIA.
Pero ahí también tendrá -paradójicamente- la administración estatal su principal defensa, en esas minutas secretas que deberán ser transparentadas e incluso divulgadas públicamente. Abrir entonces la caja de pandora con lo que pueda haber dentro.
Sólo falta que no existan o sean desaparecidas convenientemente para continuar con un linchamiento políticamente apetecible, envuelto en patrioterismo trasnochado.
Fernando Ávila, el secretario técnico de dicha mesa regional, es entonces un testigo valioso en el expediente recién abierto.
Porque, si se documentó el operativo con sus detalles, saldrá mal parada la presidencia, porque conoció y fue omisa; y si no se trató, ¿qué hacía entonces casi un centenar de elementos del Ejército en un operativo no planeado en el marco de dichas mesas regionales?
A ver hasta dónde rascan.

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La visita del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a la Torre Legislativa del martes pasado no fue concertada, cayó de sorpresa, nadie lo esperaba salvo el diputado Cuauhtémoc Estrada, quien lo recibió en la entrada; fue a responder por el tema del ISR, pero los diputados del PAN y PRI que lo azuzaron nomás no brincaron.
El día anterior a la visita la JUCOPO ya se habían echado para atrás, votando en contra de la iniciativa de llamar a Pérez Cuéllar a comparecer. Lo interesante fue que la rechazaron los mismos que la habían presentado ante el pleno. Los que aprobaron la propuesta fueron Morena y PT.
El edil juarense andaba picado desde hace rato con ese tema, olfateó desde hace días debilidad en los panistas y no desaprovechó la oportunidad de pegarles un susto, en su propio terreno. Calló penosamente el mariachi que antes hizo cantar la diputada Xóchitl Contreras.
Cruz se apersonó en el salón de plenos, auténtico balde de agua helada para sus adversarios, quienes nomás se encaramaban a sus curules, mientras que los morenistas hacían fila para recibir y apapachar al de Juárez.
Nadie le brincó, incluso el presidente del Congreso, Memo Ramírez, le dio un recibimiento muy institucional, que arrancó aplausos en la concurrencia. Tonto no es, sabe Memo cómo masca la iguana.

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El alcalde Marco Bonilla señaló que una vez más, el presupuesto anual para el Municipio de Chihuahua se ve comprometido por otro golpe de la Federación.
Se trata de una baja de 58 millones de pesos en participaciones federales durante el último mes, situación que enfrentan todos los municipios del país.
Es un factor que introduce incertidumbre en todo el ejercicio presupuestal del Municipio, porque una cosa es ajustar al cierre, cuando ya se tiene claridad del comportamiento financiero, y otra muy distinta es hacerlo cuando apenas inicia el año, cuando los proyectos apenas toman forma y los compromisos ya están hechos.
El problema no es sólo el recorte en sí, sino la ausencia de un respaldo.
Antes existía el llamado Fondo de Estabilización, que funcionaba como un colchón financiero ante caídas en la recaudación federal. Hoy, ese mecanismo está prácticamente vacío. Y eso cambia todo.
Sin ese margen de maniobra, los municipios quedan expuestos. Lo que sigue es lo de siempre: apretar el gasto, redefinir metas, recortar planes. Hacer más con menos… o, en muchos casos, simplemente hacer menos.
Pero los números no son abstractos, para dimensionar ese recorte, es el costo de una obra como la Comandancia Oriente.
Ahí está el verdadero fondo del asunto. Cada ajuste no sólo afecta hojas de cálculo; afecta decisiones concretas, proyectos que avanzan o se frenan, servicios que se fortalecen o se limitan.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué tanto pueden planear los municipios si las reglas cambian tan temprano en el año?