Vivimos un tiempo de profunda inestabilidad a escala global. En distintas regiones del mundo observamos con preocupación el avance de los estados de excepción, el debilitamiento de las instituciones democráticas y los atropellos sistemáticos a los derechos humanos. Lo que durante décadas pareció un piso firme —el respeto a las libertades, la vigencia del Estado de derecho y la existencia de contrapesos al poder— hoy muestra signos evidentes de fragilidad.
Para quienes crecimos en la segunda mitad del siglo XX, y para las generaciones que han conocido el mundo únicamente desde el siglo XXI, estos retrocesos resultan particularmente inquietantes. No porque sean inéditos, sino porque desafían una experiencia histórica relativamente estable que muchos asumimos como permanente. La democracia constitucional, con todas sus imperfecciones, ha sido el marco de vida de millones de personas durante gran parte de su existencia.
Sin embargo, aquí reside una paradoja que conviene subrayar: esa estabilidad no es una constante histórica, sino un logro reciente. La convivencia pacífica, el reconocimiento de derechos y la limitación del poder político son conquistas alcanzadas tras décadas —y en muchos casos siglos— de luchas sociales, jurídicas y políticas. No son dádivas del poder ni consecuencias naturales del progreso, sino resultados de sacrificios colectivos protagonizados por generaciones que aspiraron a una sociedad más justa, menos desigual y más libre.
En México, esa lucha se cristalizó de manera decisiva en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Nuestra Carta Magna es el pacto fundamental que organiza la vida pública, distribuye el poder y reconoce los derechos y responsabilidades de quienes conformamos la nación. En ella descansan las garantías que protegen a las personas frente a los abusos, así como los mecanismos que limitan y ordenan la actuación del Estado.
Nada de esto ocurrió de manera espontánea. La Constitución es fruto de un proceso histórico complejo, impulsado por generaciones de mexicanas y mexicanos que entendieron que la justicia social, la democracia y la legalidad debían quedar escritas, protegidas y debían ser exigibles. A ellos debemos los blindajes institucionales que hoy nos amparan, y cuya vigencia no puede darse por sentada.
En los últimos días, una servidora tuvo la oportunidad de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en el estado de Querétaro. Más allá del acto protocolario, la conmemoración representó un ejercicio de memoria constitucional y de reconocimiento a la trascendencia histórica de aquel texto fundacional.
Estar presente significó reafirmar que los principios consagrados en 1917 siguen dando rumbo a nuestra sociedad: el reconocimiento de los derechos humanos, la consolidación de un modelo democrático basado en elecciones libres y auténticas, y la división de poderes como condición indispensable para evitar la concentración del poder. Soy una convencida de que estos avances deben traducirse permanentemente en libertades concretas, en garantías exigibles y en límites reales a la autoridad.
No obstante, a más de un siglo de su promulgación, debemos recordar que la Constitución es, ante todo, un sistema de frenos y contrapesos. La normalización de las libertades puede llevarnos a asumirlas como automáticas e irreversibles, cuando la historia demuestra que pueden erosionarse o desaparecer si no se defienden activamente.
El constitucionalismo es una conquista política y moral. Parte de una convicción esencial: todo poder debe estar limitado, dividido y regulado. Como advirtió el constitucionalista mexicano Jorge Carpizo, “el constitucionalismo moderno nace para limitar el poder, no para justificarlo”. Esta afirmación conserva plena vigencia. Cuando la Constitución deja de ser norma suprema y se convierte en un instrumento del gobernante en turno, el orden democrático comienza a deteriorarse.
Por ello, conmemorar la Constitución no implica solo recordar una fecha histórica. Supone asumir la responsabilidad de preservar su fuerza normativa y su función de límite frente a cualquier tentación de dominio absoluto. Esta exigencia cobra especial relevancia ante eventuales reformas que pretendan modificar las reglas del sistema electoral, un pilar esencial de nuestra democracia.
Servidores públicos y ciudadanía debemos permanecer atentos y críticos. Aun las reformas que se presentan como fortalecedoras pueden, si no se analizan con rigor constitucional y con un profundo criterio democrático, alterar el delicado equilibrio institucional que tanto ha costado construir.
Que la conmemoración de la Constitución de 1917 nos recuerde que ninguna transformación legítima puede edificarse al margen de la ley ni en detrimento de los derechos que esta protege. En Chihuahua sostenemos una convicción clara: ningún proyecto político está por encima de la Constitución, y solo allí donde el poder acepta ser limitado podemos hablar, con seriedad, de una nación y una vida pública verdaderamente democrática.
