Al circular por avenidas y calles de las principales ciudades de nuestro estado y ver la gran cantidad de promoción personal de políticos en espectaculares con sus mejores fotografías; bardas tapizadas de nombres y “eslóganes”, panfletos en las colonias y, a eso, agréguele entrevistas en los medios de comunicación, nadie podría pensar que no estamos en campaña electoral.

Es cierto: de acuerdo con la legislación vigente, aún no hay proceso electoral… y esa gran laguna legal ha permitido que todos hagan lo que les dé la gana. Si bien nadie invita al voto, todas y todos aseguran que son los mejores y que van a ganar.

Sin duda, la agenda mediática la generó el senador en desgracia Adán Augusto López Hernández, al asegurar que su compañera senadora Andrea Chávez obtendrá la candidatura de su partido, Morena, y no solo eso, sino que ganará la gubernatura del estado el próximo año.

Las reacciones, desde luego, forman parte de este manejo mediático y político de un adelanto de las campañas a más de 15 meses del día de la elección, cuando aún falta mucho; para empezar, la definición de nuevas reglas electorales y, lo más importante, al grueso de la población —al “pueblo”, como muchos dicen— en este momento lo que menos le interesa es entrar a las campañas electorales.

La coyuntura política en México se perfila hacia 2027 como una contienda definitoria: unas elecciones intermedias que no solo medirán la fuerza electoral nacional, sino que funcionarán como termómetro de legitimidad y gobernabilidad para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y la competencia se centrará en las votaciones de las 17 entidades que elegirán administraciones estatales, entre ellas Chihuahua, lo que desde ahora tensiona la relación entre el poder federal y los gobiernos estatales.

Para el Ejecutivo federal, estas elecciones servirán para consolidar una mayoría política y social que facilite la implementación de su agenda, una agenda que no ha podido avanzar por dos circunstancias fundamentales: los grupos heredados de la anterior administración y la presión de los Estados Unidos, que mueven su propia agenda.

La competencia en los estados nos lleva a otro escenario: mantener las plazas donde gobierna la oposición. En el caso de Chihuahua, para Acción Nacional es imprescindible conservar el estado para construir una alternativa creíble.

El mapa político de México podría sufrir una transformación casi total en 2027, cuando se renueven las 17 gubernaturas; repetimos, para la oposición esta es una lucha existencial.

Estados como Chihuahua y Querétaro, gobernados por el PAN, son objetivos prioritarios de Morena; en Nuevo León y Jalisco, el partido naranja enfrenta divisiones internas y el asedio de la maquinaria federal, por lo que la estrategia es retener al menos cinco de las 17 entidades para no quedar reducido.

Los resultados en estas 17 entidades marcarán si el mapa político nacional se reconfigura hacia la centralización o mantiene equilibrios federales que permitan una gobernabilidad compartida.

No solo nos encontramos en un momento en el que nadie observa reglas o límites: todos los políticos que buscan un espacio han brincado las reglas electorales; también los observadores externos, entre medios de comunicación, empresas y organizaciones políticas.

Un ejemplo muy claro son las encuestas de preferencias electorales: muchas de ellas están plagadas de problemas metodológicos, volatilidad del electorado y eventos exógenos, y son utilizadas como herramientas de posicionamiento personal, no de análisis real de las condiciones del momento. Así, la percepción de parcialidad institucional o manipulación genera nula confianza pública en los sondeos.

Al mismo tiempo, en el proceso de 2027 México enfrentará unas elecciones intermedias que son, simultáneamente, prueba de fuego y laboratorio político: la contienda describirá si la presidenta logra consolidar una mayoría duradera o si emerge un mapa federal más plural que frene la concentración del poder.