Hoy comienzan las inéditas campañas para que usted conozca a las personas que van a pedirle su voto para ocupar los diversos puestos que estarán en juego el próximo 1 de junio; la campaña terminará el 28 de mayo, y como en las otras elecciones mexicanas, habrá tres días de veda o de “reflexión”.
Este proceso electoral se divide en dos partes, como las elecciones a las que estamos acostumbrados: una votación a nivel estatal para elegir jueces y magistrados; otra a nivel nacional, en la que podrá votar por ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces federales.
El proceso estatal está a cargo del Instituto Estatal Electoral, en el cual se instalarán tres mil 506 casillas en todo el estado para que usted pueda votar. En esas mismas casillas usted podrá votar por los cargos federales en disputa en boletas que serán muy distintas a las que se usan en otros procesos electorales, pues aquí no habrá fotografías de las personas candidatas.
A nivel estatal se elegirán cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, además de 270 juezas y jueces de Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Menores.
Pero, si usted espera conocer a las y los candidatos en espectaculares, vallas publicitarias o spots de radio y televisión o pautas intrusivas en redes sociales, pues no será así.
Esta elección judicial, ciertamente es “diferente” y “atípica”, sus reglas han levantado mucha polémica por ser las más restrictivas para un proceso electoral, en la historia de México.
La comunicación política en México es relativamente nueva, y si bien, se ha ido profesionalizando, los modelos adoptados siempre han sido restrictivos, especialmente desde la reforma electoral de 2007, impulsada en ese entonces, por el candidato presidencial perdedor Andrés Manuel López Obrador.
Dicha reforma restringió, como nunca, el modelo de comunicación política mexicano muy incipiente. Criminalizó la contratación pautas publicitarias en medios de comunicación, prohibió la personalización de la publicidad gubernamental y estableció un periodo de 13 días para difundir los informes de gobernantes, entre otras disposiciones, que acotaron mucho la naciente comunicación política mexicana.
Siete años después, ya con Peña Nieto como presidente, fueron aprobadas reformas catalogadas como “estructurales” y aplazadas por años, que incluyó una nueva reforma electoral, la cual limitó mucho más el modelo de comunicación política en México. La criminalización se intensificó, en una guerra abierta contra los medios de comunicación por parte de integrantes del Senado mexicano, como el entonces panista, Javier Corral Jurado.
Adicionaron en dicha reforma, por ejemplo, la compra de cobertura informativa y tiempos en radio y televisión como causal de nulidad de una elección. Además, requisitos absurdos para concesionarios de la radio y la televisión, que prácticamente criminalizaban las entrevistas a candidatos y candidatas.
La incursión de las redes sociales en la comunicación política también implicó un cambio en plataformas como Facebook, la cual ha incluido requisitos que limitan la difusión pagada de contenido político.
Desde 2007, la comunicación política en México sufre embates que dificultan ejercer la libertad de expresión y el informar a la ciudadanía sobre las opciones electorales. Cada reforma que se plantea siempre busca limitar a los medios de comunicación y, ahora, a las redes sociales.
Eso ha sido un impedimento para que exista un modelo de comunicación política mexicano que aliente la participación ciudadana y sea adecuado a las necesidades del electorado mexicano.
Cuando López Obrador ideó las elecciones judiciales, lo hizo con el dominante pensamiento priista que lo formó de origen: que las elecciones sean una pantomima para que sean electos los afines al poder.
Así nació la elección judicial mexicana de este año y con reglas, todavía más absurdas. Quienes son personas candidatas en esta elección no pueden hacer, prácticamente, nada. Si. Así como lo lee: ¡nada!
Por ejemplo: tienen prohibido recibir financiamiento público o privado. Es decir, nadie (ni gobierno, ni empresas, ni personas) puede aportar dinero a sus campañas. En pocas palabras: si son candidatos que sólo tienen su salario, tendrán que dejar de gastar en los frijoles o las medicinas de la familia, para meterle a la campaña, ya que se van a fiscalizar sus gastos personales, viáticos y traslados.
No pueden pagar publicidad en redes sociales. Sólo tienen las redes sociales para darse a conocer y no deben pagar absolutamente nada, es decir, que toda difusión debe ser orgánica, sin dinero de por medio.
Tampoco pueden contratar o difundir encuestas y sondeos de manera directa o indirecta.
Pueden participar en entrevistas, foros y debates organizados por medios de comunicación, autoridades electorales y sectores productivos o académicos, como las cámaras empresariales o las universidades. La letra chiquita de esto es que, se tienen que invitar a todas las personas candidatas para garantizar equidad en la contienda; dada la gran cantidad de candidatos y candidatas, un foro duraría días. Sería aburrido y un derroche de recursos de los medios de comunicación, en el caso de Chihuahua, un foro para conocer las propuestas de las personas candidatas a las magistraturas, implicaría invitar a los 90 candidatos. Si con 4 candidatos se vuelve eterno y tedioso, con 90 personas involucradas, no sería atractivo para nadie.
Pueden utilizar solamente publicidad impresa que sea biodegradable y reciclable. Eso implica un esfuerzo territorial, por ende, experiencia electoral para visitar las colonias e invitar a votar. La cual, prácticamente, ningunas de las personas candidatas tiene.
Además de eso, muchos de ellos están en funciones y no podrán realizar proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna ni participar en actos de proselitismo en días y horas laborales.
Y si usted creyó que eso era todo, pues no: están impedidas de participar en actos de proselitismo de manera activa en días y horas no laborables, quienes sean personas candidatas.
Así que, sin acceso a medios, sin poder pagar más que panfletos y sin experiencia previa, ahorita se vive una pelea por los “likes” en los recién creados perfiles de Facebook e Instagram, algunos eventos para llamar la atención, pero creo que la gran mayoría, no está pensando en irse a tierra pedir el voto.
No se les olvide, las peleas por los “likes” son inútiles, pues un “like” no es un voto.

ESPRESSO COMPOL


Y si eso no fuera poco, los topes de campaña son raquíticos y no pueden ser apoyados por ninguna organización de ningún tipo. Así, el prohibicionismo legislativo que se vuelve constante en todo México afectando la comunicación política.